La formación de los Comunes, vinculada a la ex alcaldesa Ada Colau, ha dado a conocer hoy su reciente proyecto legislativo destinado a normar la adquisición de inmuebles como inversión, concepto que llaman “compra especulativa”, de acuerdo con el acuerdo para los presupuestos al que han llegado con el Govern. Esta propuesta presenta variaciones respecto a la que la propia organización llevó ante el Parlament durante el ejercicio anterior. Una de las modificaciones de mayor peso tiene que ver con las sucesiones. El documento establece que la obtención de casas particulares mediante fallecimiento (legados o herencias) quedaría exenta de las restricciones planteadas para los grandes tenedores. No obstante, el texto sí fija ciertos requisitos relativos a la utilización de las propiedades recibidas en herencia.
Así, los herederos no podrán tener el piso desocupado. Estarán obligados a vivir en él (ellos mismos o un familiar de primer grado), venderlo o alquilarlo de acuerdo con el tope de rentas de las zonas declaradas tensionadas (prácticamente, toda Catalunya).
“No están sujetas a las limitaciones previstas en el artículo 9.9, siempre que se justifiquen adecuadamente:
a) La obtención de viviendas particulares mediante herencia. En este supuesto, quienes las reciban, si no proceden a su enajenación ni las emplean como residencia habitual propia o de un pariente de primer grado, deberán ofrecerlas en alquiler como domicilio permanente siguiendo la normativa de limitación de precios vigente. La recepción de bloques de viviendas íntegros por fallecimiento se encuentra condicionada a la restricción establecida en el art 9.9 para este tipo de propiedades, indica literalmente la propuesta.
Hoy en día, la Generalitat ya aplica un gravamen sobre las viviendas deshabitadas con el fin de dinamizar el mercado inmobiliario y evitar que permanezcan sin uso. La iniciativa de los Comunes representa, entonces, un avance mayor.
En todo caso, el principal objetivo de la proposición de ley son los grandes tenedores, aquellos propietarios con cinco o más viviendas en las zonas tensionadas. Éstos tendrán prohibido comprar pisos sueltos siempre que no sea para residir en ellos. Ni podrán comprarlos para alquilar después, ni tampoco comprar para reformar y luego vender.
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En el caso de las personas físicas (los que no son empresas) que no sean gran tenedor, sí podrán comprar viviendas individuales, pero solo para residir en ellas o destinarlas a alquiler habitual con contención de rentas. También se permitiría comprar pisos para familiares hasta segundo grado. La segundas residencias estarían asimismo limitadas. Tocaría a una por hogar y no se podrían nunca poner en alquiler.
Se trata de una proposición de ley que ahora ha de iniciar el trámite parlamentario y que con toda seguridad será sometida a enmiendas. El redactado final, pues, puede ser muy diferente al introducido por el partido de Colau.
Quedar abierto también el encaje legal de una limitación así. El Govern y los Comunes quieren vehicularlo a través de la ley de Urbanismo autonómica, pero en el sector inmobiliario ya cuentan que recurrirán cualquier norma en este sentido. Argumentan que ataca la propiedad individual recogida en la constitución y que cualquier cambio de esta magnitud debería realizarse a través de una ley orgánica en el Congreso.
