Otro escándalo de vivienda en Alicante: Sant Joan detecta comercialización ilícita de VPP
Crisis vivienda
El Ayuntamiento paraliza un plan aún por edificar al detectar que la promotora ha puesto a la venta las viviendas proyectadas indicando que podrían destinarse a segunda residencia
En primer plano, el solar de Nou Nazareth, en Sant Joan d'Alacant, donde debían construirse las VPP de la polémica
Cuando aún se investiga la polémica adjudicación de VPP en Les Naus de Alicante, salta en un municipio vecino otro posible escándalo de similares características, aunque aún en fase preliminar. El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha tenido conocimiento de posibles graves irregularidades de la adjudicataria de una parcela municipal destinada a una promoción de vivienda pública.
Según diversos correos electrónicos y publicidad que el Ayuntamiento ha detectado en medios digitales, la promotora adjudicataria de la parcela municipal de Nou Nazareth licitada por el ayuntamiento en 2025 está realizando la comercialización en una inmobiliaria de la ciudad de Alicante, de las futuras viviendas de protección pública que se construirán en dicha parcela.
El Ayuntamiento habla de “posibles graves irregularidades” de la adjudicataria de una parcela municipal
Ante este comportamiento el Ayuntamiento de Sant Joan ha remitido a este diario un comunicado en el que indica que “no puede sustraerse de asumir sus competencias y ha actuado de forma contundente”. El alcalde de Sant Joan, Santiago Román (PP), asegura que “no vamos a permitir ninguna irregularidad en este proceso, que ha sido transparente desde su licitación y va a seguir siéndolo. Para eso estamos y vamos a seguir estando encima de todo el proceso, ya que actualmente tenemos preparada una cláusula en la que la preferencia de acceso a estas viviendas va a ser para las sanjuaneras y los sanjuaneros en primer lugar”.
El alcalde también ha agradecido a la Conselleria de Vivienda su rapidez a la hora de requerir a la promotora toda la información y ha aprovechado para cargar contra el gobierno anterior. “Todo lo que no hizo el Botànic, lo hace ahora la Conselleria que gestiona el PP, que ha actuado de manera inmediata, concretamente en tres días”, dice.
El Ayuntamiento ha requerido la paralización de la comercialización y la posible revocación de la adjudicación
La promotora ha sido advertida de que el pago a cuenta de cantidades sin obtener la calificación provisional, supone una infracción muy grave. Román señala que, aunque la competencia es autonómica, “desde el Ayuntamiento hemos requerido la paralización de la comercialización y la posible revocación de la adjudicación de la parcela, ya que sigue siendo de titularidad municipal”, añade el alcalde.
El requerimiento preparado por los servicios técnicos y jurídicos municipales contempla que el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha tenido conocimiento de que la mercantil adjudicataria estaría realizando actuaciones de publicidad presuntamente engañosas, promoción y captación de reservas o cantidades a cuenta respecto de las viviendas proyectadas en la citada parcela municipal, presentándolas como viviendas de protección pública e indicando que podrían destinarse tanto a vivienda habitual como a segunda residencia. Exactamente, la promotora solicita 1.750 euros a los particulares que deseen hacer una reserva previa de una vivienda.
La promotora solicita 1.750 euros a los particulares que deseen hacer una reserva previa, algo que no está permitido
Tales actuaciones, de confirmarse, podrían resultar incompatibles con el régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección pública, establecido en el Decreto 180/2024, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat Valenciana, así como con la normativa aplicable en materia de comercialización de viviendas en construcción y entrega de cantidades a cuenta.
Asimismo, dichas actuaciones se habrían producido con anterioridad a la formalización del contrato con este Ayuntamiento y, en su caso, antes de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias en materia de vivienda protegida, lo que podría comprometer el correcto desarrollo jurídico de la promoción objeto del procedimiento de licitación.
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Por todo lo anterior, desde el Ayuntamiento de Sant Joan se requiere a la mercantil para que, en el plazo de 10 días hábiles aporte un informe detallado sobre las actuaciones de publicidad, promoción o comercialización realizadas en relación con la promoción de viviendas proyectada en la parcela objeto de adjudicación. También se pide la indicación expresa de si se han ofrecido o publicitado dichas viviendas como viviendas de protección pública, así como las condiciones de acceso o destino indicadas a los posibles adquirentes, como la relación de cantidades económicas que, en su caso, se hayan solicitado o recibido en concepto de reservas, anticipos o entregas a cuenta, con indicación del número de personas afectadas.
Hasta la completa aclaración de los hechos y la valoración jurídica de la situación descrita, el Ayuntamiento ha acordado suspender cautelarmente cualquier actuación dirigida a la formalización del contrato derivado del procedimiento de licitación, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan derivarse del resultado de las aclaraciones solicitadas.
Por su parte, el Servicio Territorial de Vivienda de Alicante ha remitido al promotor que ha tenido conocimiento a través de la comunicación de un ciudadano de que se está comercializando la siguiente promoción con el siguiente anuncio: “Residencial en San Juan, Alicante complejo residencial denominado Nova Vita, conformado por 131 viviendas protegidas de 1, 2 y 3 dormitorios con plaza de garaje y trasteros incluidos, sita en San Juan Alicante”. Dicho ciudadano informa que, a las personas interesadas y posibles compradoras, se les solicita un primer pago de 1.750 euros en concepto de reserva.
A la vista de toda la legislación vigente, la Conselleria de Vivienda se le concede a la promotora un plazo de 10 días para que aclare la veracidad de la información denunciada. En caso de no hacerlo en el plazo indicado, se acordará el inicio del oportuno expediente sancionador, con las consecuencias que de ello pudieran derivarse.