En ruta hacia los presupuestos catalanes

El Govern de la Generalitat que preside Salvador Illa (PSC) trata de sentar las bases para la aprobación de los presupuestos del 2026. Para ello necesita el apoyo de los veinte diputados de ERC en el Parlament y de los seis de Comuns, que agregados a sus 42 suman 68, la mayoría absoluta.

Los socialistas catalanes alcanzaron el jueves un acuerdo con Comuns, capitaneados por Jéssica Albiach, que garantiza su respaldo para aprobar las cuentas de la Generalitat, que vienen prorrogándose desde el 2023. El apoyo de ERC parecía posible, pero se torció ayer y el líder republicano, Oriol Junqueras, no prevé proponerlo hoy ante el consejo nacional ordinario de su partido.

Naturalmente, el avance hacia estos acuerdos ha requerido de concesiones, tanto a los comunes como a los republicanos. En una escena política fragmentada eso es habitual: cuando lo que se pretende es sacar adelante las propias iniciativas, hay que atender a las de los partidos a los que se pide auxilio.

Comuns se ha avenido a respaldar al PSC en sus presupuestos para el 2026 a cambio de que asuma el compromiso de aprobar, en un periodo de seis meses, una reforma legal para limitar la compra de viviendas con afán especulativo. Una reforma que sería aplicable en casi todo el territorio catalán, puesto que afecta a las zonas de mercado tensionado, que son 271 municipios, donde reside el 90% de la población catalana. La ley puede topar, de todas formas, con los tribunales, ya que probablemente será recurrida.

El acuerdo con los republicanos, más laborioso e incierto, tiene dos elementos centrales. Por una parte, la constitución de un consorcio de inversiones, instrumento institucional participado por el Gobierno central y por la Generalitat, que permitiría a Catalunya la asunción del control de las inversiones del Estado en su territorio. Por otra parte, un compromiso explícito del PSOE para pasar la recaudación del IRPF a Catalunya, algo que ayer Illa volvió a dar por hecho, pero que el Gobierno central no ha accedido a garantizar.

Tanto las peticiones de Comuns como de ERC tienen por objeto paliar problemas a la vez añosos y acuciantes, que exigen la atención de las autoridades. No vamos a insistir aquí, puesto que es bien conocida, en la dimensión de la crisis habitacional: un progresivo déficit de viviendas asequibles, que acaba expulsando a las personas sin recursos suficientes –cada día más– de las ciudades en las que nacieron o crecieron, y privando a otras recién llegadas de una vivienda digna.

Tampoco es preciso abundar en las razones que animan a los republicanos a solicitar la creación del citado consorcio, con el que aspiran a conseguir que el nivel de ejecución de las inversiones en Catalunya anunciadas por el Estado, en su mayoría relacionadas con las infraestructuras, alcance un nivel razonable. Actualmente no lo es. Al contrario, es escandalosamente bajo. Por ejemplo, que en el primer trimestre del 2024 rondó el 20%, mientras que en la Comunidad de Madrid casi se triplicaba (57%). Añadiremos, en lo que respecta a la reclamación del IRPF, que es una vieja reivindicación.

Dicho esto, resulta perfectamente comprensible que el anuncio de la limitación en las ventas de pisos con fines especulativos –acaso sería mejor, en no pocos casos, hablar de fines inversores– haya soliviantado al sector inmobiliario, cuyos portavoces dicen estar dispuestos a combatir la medida judicialmente, porque a su entender no ayuda a resolver el problema de fondo de la vivienda en Catalunya.

Las fuerzas políticas deben ser muy cuidadosas al impulsar nuevas leyes. Porque no es lo mismo un gran tenedor que un particular que posee dos pisos, a raíz de una compra personal o de una herencia. Y porque no es lo mismo un fondo buitre, que llega a una ciudad y acomete operaciones que privan a ciudadanos de sus viviendas y abocan a la gentrificación de barrios, que un particular que decide depositar el ahorro familiar en la compra de un piso, mientras sigue viviendo en el que ya poseía.

Gobernar, salvo cuando lo hace con mayoría absoluta un único partido, es forzosamente un juego de equilibrios entre los dispares, y a veces opuestos, idearios e intereses políticos. Está claro que es preferible que un país funcione con presupuestos, sobre todo en este caso, ya que Illa aún no ha logrado aprobar ninguno tras año y medio de gobierno, a pesar de que el PSC dio su apoyo a dos de los presentados por ERC cuando gobernaba Pere Aragonès. Las fuerzas políticas que propiciaron la investidura deben perseverar en ese objetivo.