Convivir es dar la cara
En las sociedades abiertas, el rostro es más que un rasgo físico: es una forma de presencia cívica. Nos reconocemos, nos identificamos y nos relacionamos a través de él. Mostrar el rostro no es una imposición cultural arbitraria, sino una condición básica de la convivencia en el espacio público donde la confianza mutua y la seguridad dependen de la posibilidad de reconocernos como ciudadanos iguales.
El debate sobre el uso del burka o el niqab en lugares públicos no puede reducirse a una confrontación ideológica simplista. Se trata, ante todo, de una cuestión que afecta a principios fundamentales: la seguridad, la igualdad y la naturaleza del espacio público. En contextos donde la identificación es necesaria (transporte, edificios oficiales, centros educativos, manifestaciones...), la ocultación permanente del rostro introduce una excepción difícil de justificar en términos de reciprocidad cívica.
La libertad de credo es esencial, mas no el único
Las democracias europeas han abordado este dilema de distintas formas. Francia o Bélgica han legislado en favor de la obligación de mostrar el rostro en espacios públicos, no como una medida contra una religión concreta, sino como una norma para todos los ciudadanos. La lógica es clara: las normas comunes deben ser, precisamente, comunes. No puede haber una convivencia basada en la invisibilidad de unos frente a la visibilidad de otros.
Al mismo tiempo, es imprescindible recordar que el núcleo del debate no debe ser la estigmatización de personas concretas, sino la defensa de un modelo de sociedad basado en la igualdad y la transparencia. La libertad religiosa es un derecho fundamental pero no el único. Convive con otros derechos y deberes que hacen posible la vida colectiva.
El espacio público es de todos. Es el lugar donde ejercemos de ciudadanos, no de identidades cerradas sino de individuos que comparten normas y responsabilidades. Garantizar que todos podamos mirarnos y coexistir en igualdad no es una imposición ideológica, es una condición de la convivencia democrática.
Este es un debate legítimo e inevitable en sociedades que aspiran a seguir siendo libres y seguras. Afrontarlo con serenidad y respeto es la única forma de preservar aquello que nos define como ciudadanos: nuestra capacidad de convivir bajo normas comunes que nos protegen a todos.