Afortunadamente, aún hay jueces
Es un error confundir la democracia con la celebración de elecciones libres y limpias. Porque estas no bastan, por si solas, para conformar una auténtica democracia. Esta es algo más complejo. Para que haya una auténtica democracia es preciso que, además de unas elecciones libres y limpias, existan unas instituciones respetadas, unas leyes que se cumplan, unos procedimientos observados, un respeto a las minorías y la convicción de que el otro es un adversario con el que contar, pero nunca un enemigo al que batir.
No tener clara esta idea provoca errores, como considerar que es un dirigente democrático intachable quien, una vez investido legítimamente tras una elección sin mácula, no vacila en erosionar las instituciones, incumplir las leyes, burlar los procedimientos y tratar al oponente como un antagonista irrecuperable. El político que asume un liderazgo caudillista de este jaez piensa quizá que está llamado a acometer una tarea histórica excepcional (por ejemplo, Make America Great Again ), que justifica la ocupación de todos los centros de poder, tanto los de naturaleza política, como los económicos, financieros, de comunicación y culturales que convengan a sus necesidades.
De modo que, paulatinamente, aquella pretendida democracia se va convirtiendo, paso a paso, en una autocracia. Es un proceso que sería imposible sin la “cooperación necesaria” de una parte de los medios de comunicación, así como de muchos de los dirigentes empresariales y financieros, reducidos por cálculo a la silente condición de “perros mudos”.
El Supremo consideró que Trump abusó de la ley para impulsar su política de aranceles
Llegados a este punto, ya solo queda la justicia. Ya solo quedan los jueces y tribunales, entre ellos el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se nota que es así, porque de ahí viene la inquina del presidente Trump a jueces y tribunales. Su ataque, duro y constante, es difundido acríticamente por un sector de los medios, y es recibido en silencio por un amplio sector social.
Así sucedió, hace días, cuando el Tribunal Supremo tumbó la política de aranceles globales del presidente Trump, fundada en la ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ieepa), por extralimitarse en sus competencias. Seis de los nueve magistrados consideraron que abusó de dicha ley para impulsar su política estrella, cediendo a las cortes inferiores la gestión de los reembolsos.
El presidente Trump calificó la sentencia de “profundamente decepcionante”; dijo que sentía vergüenza por “ciertos miembros” del tribunal, por “no tener el valor de hacer lo que es correcto para nuestro país”; y anunció un nuevo arancel global de 10% (basado en una legislación distinta), que al día siguiente subió al 15%. Y todo ello, no sin añadir que la decisión del máximo tribunal es “extraordinariamente antiestadounidense”. Cuando lo cierto es que lo contrario a la mejor tradición estadounidense es su proceder fatuo, irreflexivo y prepotente.
En efecto, la Constitución de 1787 y sus enmiendas han establecido un equilibrio entre los poderes públicos, que se garantiza mediante una división que asigna las tres funciones clásicas de todo Estado –legislativa, ejecutiva y judicial– a tres órganos diferentes: Congreso, presidente y Tribunal Supremo. Y los tres preservan su independencia y su equilibrio mediante un afinado sistema de checks and balances, que evita, además, los inconvenientes de una separación y un aislamiento absoluto de los poderes.
En una carta que John Adams dirigió a John Taylor en 1814, se lee: “¿Hay en la historia una Constitución con equilibrios más complicados que los nuestros? (…) El poder judicial contrapesa a la Cámara, al Senado, al Ejecutivo y a los gobiernos de los estados”. Tocqueville escribió: “Casi no hay cuestión política en Estados Unidos que no se resuelva en cuestión judicial”.
En suma, los padres de la Constitución consideraron que la división y el equilibrio de los poderes eran causa necesaria y suficiente de la libertad. Esperemos que, más de dos siglos después, buena parte de los norteamericanos sigan confiando en el orden por concurrencia y en los principios liberales.