El juicio a los Pujol llega este lunes a los testigos clave, con policía patriótica y UDEF
Mañna se reanuda en la Audiencia Nacional
Los abogados renuncian a la declaración de la espoleta del caso, Vicky Álvarez, ex de Jordi Pujol Ferrusola
Ramon Espadaler, Marcelino Martín-Blas, José Manuel Villajero y Marcelino Oreja Arburúa
El juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia Pujol y una decena de empresarios llega este lunes a una semana clave.
Están citados a la vista, por la que han pasado ya 112 testigos, cinco miembros de la llamada “policía patriótica” y, sobre todo, seis miembros de la unidad central de delincuencia económica y fiscal (UDEF) y dos de la unidad de delitos financieros de la Guardia Civil.
El personaje clave (el jueves), es el instructor de la Policía Nacional que responde al número profesional 89140. Firma muchos de los informes clave en la acusación por negocios supuestamente ilícitos comandados sobre todo por el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, principal acusado de la causa y para quien el ministerio fiscal solicita ni más ni menos que 29 años de cárcel por los presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y de frustración de ejecución, consistente en el camuflaje o simulación de deudas.
Hasta ahora, una inmensa mayoría de testigos han tenido escasísimo valor probatorio. A una quincena de ellos se ha renunciado sobre la marcha.
Entre estos, Victoria Álvarez, exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, que fue quien, entre finales del 2012 e inicios del 2013, encendió la mecha de este caso histórico cuando afirmó haber visto con sus propios ojos cómo su entonces pareja llevaba a Andorra bolsas llenas de billetes.
Álvarez había sido citada por la defensa de Mercè Gironès, exesposa de Pujol Ferrusola, pero ha renunciado a su declaración.
La declaración judicial de Álvarez en el 2013 estuvo inactiva unos meses. En julio del 2014, y tras duras presiones policiales sobre Banca Privada d’Andorra (BPA) para que desvelara si custodiaban fondos de políticos independentistas, el diario El Mundo publicó una fotografía de la pantalla de un ordenador en la que se decía que Marta Ferrusola y cinco de sus hijos tenían en Andorra 3’2 millones de euros.
Esta información provocó un comunicado del ya expresidente de la Generalitat Jordi Pujol admitiendo que tenía en Andorra dinero que su padre le dejó en herencia, y provocó el hundimiento de su autoridad moral y política.
Otros de los agentes presuntamente implicados en las presiones a BPA fueron Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo, los altos mandos policiales Marcelino Martín-Blas y Bonifacio Díez y el agregado de Interior en la embajada española en Andorra, Celestino Barroso.
Además de José Manuel Villarejo, estos cuatro están citados el martes e la Audiencia Nacional.
Álvarez reconoció a posteriori que había cobrado de los fondos reservados; esta supuesta contaminación, y la que se habría producido con las presiones en Andorra, es uno de lo argumentos de la defensa para argumentar un vicio fundacional en la investigación, que gracias a las pesquisas hacia atrás en el tiempo logró detectar ingresos millonarios de los Pujol en Andorra.
De las decenas de operaciones que Jordi Pujol Ferrusola habría hecho en aquel país, 26 están en cuestión. Son de principios de los años 90. Sobre ellas ha interrogado el fiscal, y una idea ha quedado clara: tener dinero en Andorra era muy habitual en ciertos círculos en los 80 y 90.
“Villarejo puede dar espectáculo, pero poco más, ya nadie le cree. Y los otros policías no estarán obligados a contestar si les puede perjudicar en otras causas”
“Hay que tener cuidado con los testimonios de esta semana, porque muchos de ellos están implicados o tienen ramificaciones en investigaciones o instrucciones activas en otros casos”, valora un abogado de la defensa.
“Villarejo puede dar espectáculo, pero poco más, ya nadie le cree. Y los otros policías no estarán obligados a contestar si les puede perjudicar en otras causas”, apunta otro letrado del caso, de larga trayectoria.
Este añade que “hasta ahora, la prueba es desastrosa para la Fiscalía, pero quedan los expertos de la policía y de Hacienda, que son muy duros, y en juicio más. Queda el tuétano de la acusación, hasta ahora hemos visto el relleno”.
Un acusado impugna que empiecen los testigos de las defensas sin haber acabado aún los de la fiscalía
De los 200 testigos propuestos por la Fiscalía, 43 no habían podido (hasta el viernes) ser localizados, según el recuento de uno de los abogados defensores del caso.
Once de estos tienen residencia en Andorra y están citados por la Batllia [juzgado] de aquel país para el 10 de marzo.
“Hasta ahora no ha habido ningún testimonio de especial utilidad para la acusación. Vemos cómo hubo mecanismos de compensación que fueron habituales en una época en Andorra, con deudas de un lado e ingresos en efectivo del otro. Pero aquí nadie se ha preocupado de investigar las conexiones. Y dado el tiempo transcurrido, se acuerden o no, los testigos te dirán que no se acuerdan”, expone el letrado.
Una quincena más de testigos son o residen en México y Colombia y están pendientes de fecha, adaptada a sus husos horarios.
La Fiscalía ha eliminado a numerosos testigos por su escasa relevancia o por su avanzada edad; una de las que llegó a comparecer por videoconferencia es una maestra de una localidad del Vallès cuyo nombre se parece al de una trabajadora del despacho de los fiscalistas de los Pujol. Esta maestra declinó ser entrevistada por este periódico. “Es que algunos testigos han sido muy contundentes, pero en favor de las defensas”, sostiene un tercer letrado.
De los 200 citados, 43 no han podido ser localizados y a muchos de ellos se renuncia sobre la marcha
Además de los agentes, esta semana cobrará protagonismo el actual conseller de Justícia, Ramon Espadaler, por su anterior etapa en gobiernos de CiU en los que tuvo responsabilidades en los vertederos catalanes; también está citado el exconseller Salvador Milà, y también un expolítico del PP: el exdiputado Marcelino Oreja Arburúa, hijo del que fue ministro de Adolfo Suárez, por la etapa en que ocupó responsabilidades en el grupo EMTE, entre 2004 y 2012. La Fiscalía estima que esta compañía obtuvo entre 1999 y 2008 contratos por valor de 350 millones de euros gracias a la mediación de Jordi Pujol Ferrusola.
Impugnada la mezcla de declarantes de acusación y defensa
Una de las defensas del caso ha presentado un escrito impugnando la reordenación de los testigos del caso. Sin haber acabado los propuestos por la acusación, esta semana están citados ya algunos de las defensas.
La ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 701, y tras una reforma del 2025, establece que el interrogatorio de los testigos se practicará “según el orden” con que cada parte los haya propuesto y empezando por los del Ministerio Fiscal.
En su último párrafo, la ley admite que el presidente del tribunal “podrá alterar este orden a instancia de parte y aun de oficio cuando así lo considere conveniente para el mayor esclarecimiento de los hechos o para el más seguro descubrimiento de la verdad”.
Cuatro fuentes jurídicas distintas subrayan la irregularidad de mezclar testigos de acusación y defensa, aunque al mismo tiempo admiten que el tribunal denegará muy posiblemente la protesta con el argumento del aprovechamiento de las fechas señaladas, y admiten también que un juicio de este tamaño, complejidad y duración nunca se anularía por esa presunta irregularidad.
