Culmina el colapso económico de Electro
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Los usuarios se preparan para liquidar una deuda mayor que las
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Pagamos más al año por la deuda eléctrica que por la alta tensión
En el bazar de la actualidad, las buenas noticias tienen escasa difusión. Ya lo deja claro el proverbio inglés: No news, good news. Eso mismo es lo que puede decirse de un anodino comunicado publicado hace unos días por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acerca de la deuda del sistema eléctrico. Los consumidores estamos a punto de acabar de pagar una colosal carga de cerca de 30.000 millones de euros, la del déficit de tarifa, una losa comparable en su gestación al rescate bancario. Una losa del tamaño de todo lo que nos gastamos en un año en España en electricidad. El déficit de tarifa: un espectacular despropósito contable que, pese a su aspecto aburrido, encierra asombrosas claves económicas. No es posible entender el monstruo que habita en el interior del sistema eléctrico, el Electrotauro, sin este desaguisado. Tampoco es posible comprender sus trampas ni sus desconchones. Si estos días se discute a porcentaje batiente sobre las redes eléctricas es también porque en el pasado hubo un enorme problema financiero. Y la buena noticia es la que nos trae la CNMC: la deuda eléctrica está a punto de dejar de ser noticia.
Lo que dice el comunicado de la CNMC es que, a cierre del 2025, los consumidores de electricidad ya solo debemos 3.552 millones de euros de esta deuda y que en el 2028 habremos acabado de pagarla por completo en nuestro recibo. Llevamos veinte años soportando la carga, que comenzó a fraguarse en el 2005 y que alcanzó niveles alarmantes durante la crisis financiera. Desde entonces, más de 2.000 millones de euros se nos van cada año en purgar la culpa --2.390 millones el año pasado--. En el 2026, los intereses que pagaremos serán del 4,91%, muy por encima de los del mercado. En fin, el tiempo todo lo cura, sobre todo las hipotecas.
Frente a estas cifras languidecen algunas de las controversias del momento, ya sean la del escudo antiapagón o la gresca por la retribución a las redes eléctricas. El coste de programar más centrales de gas para reforzar el sistema eléctrico frente a un nuevo vahído se encuentra en algún lugar entre los cerca de 500 millones apuntados por Redeia y los más de 1.000 millones de los que hablan las eléctricas. Eso contribuye al beneficio récord de Naturgy, del que informa aquí Gabriel Trindade. Es sin embargo la mitad o un cuarto de la anualidad de la deuda eléctrica.
Otro ejemplo. La CNMC acaba de fijar una retribución del 6,58% a las redes de transporte y distribución, un porcentaje que a las eléctricas les parece insuficiente, sobre todo a Iberdrola. Eso no impedirá que Endesa aborde grandes inversiones en un tendido que tiene saturado al 95% y que se despliega en Catalunya. Redeia también anunció ayer un esfuerzo récord. La batalla en torno a un punto arriba o abajo en la retribución a las redes pone en juego cientos de millones de euros y acabará en los tribunales. Y aun así, una vez más, ninguna de estas cifras puede compararse a la pesada gota malaya con la que reparar los déficits de tarifa. Pagamos más por la anualidad de la deuda eléctrica asumida en los años de la crisis que cualquiera de los actuales quebraderos de cabeza. Pagamos más incluso cada año que por toda la red de transporte.
Antes de nada, una primera consideración. Esto ya está muy contado, pero no conviene perderlo de vista. El laberinto del Electrotauro tiene dos grandes construcciones. Dos enredos conectados, dos hemisferios en la cabeza del monstruo:
Uno. Por un lado está el mercado eléctrico, que es todo este trajín de compra de megavatios hora producidos por centrales nucleares, eólicas, fotovoltaicas o gas. Ya saben, el celebérrimo pool, donde la última tecnología en entrar marca el precio para el conjunto. La demanda de electricidad anual en España es de unos 262 millones de megavatios hora (MWh) y el precio medio, de alrededor de 60 euros por MWh. Eso significa que toda esta invención llamada mercado eléctrico mueve unos 16.500 millones de euros al año.
Dos. El componente restante del sistema eléctrico corresponde a los gastos regulados, establecidos mediante las metodologías de la CNMC o por el Gobierno, abarcando peajes y cargos. En este apartado se integra la compensación al transporte (cerca de 1.500 millones de euros anuales), a la distribución (5.300 millones) o a las energías renovables (4.400 millones, incluyendo la cogeneración en la misma categoría), aparte de diversos conceptos de menor cuantía. Este conjunto regulado alcanza un importe anual de 14.400 millones de euros, de acuerdo con la CNMC. Justo en este punto se originó el endeudamiento eléctrico, el tema que estamos tratando. Siempre que la recaudación destinada a la sección regulada no bastaba para sufragar los gastos, se generaba el déficit de tarifa.
Cómo se fue fraguando la deuda. Algunas causas:
El pecado original. El marco legal eléctrico del 2000 facilitaba que el cliente no liquidara la totalidad del coste de su factura. Si los gastos reales excedían las previsiones de principios de año, se generaba un déficit de tarifa, una brecha que, al igual que el saldo negativo público en las finanzas del Estado, deriva en una deuda acumulada. Un detalle fundamental es que las compañías eléctricas sufragan este saldo. Ellas representan a la parte acreedora y nosotros, los clientes, somos la parte deudora.
El primer aviso. En el 2005 empezó a subir el precio de la energía, animado por el encarecimiento del petróleo. Por entonces, la tarifa era integral, no hacía distinciones entre componente de mercado y costes regulados, así que este incremento fue generando los primeros déficits. Unos 6.700 millones en el 2005 y 2006. Fue por cierto en el 2008 cuando Miguel Sebastián separó ambos hemisferios y la parte regulada empezó a funcionar al margen del mercado.
La vida cañón del sistema eléctrico. A partir del 2007 y hasta el 2013 se dispararon los costes regulados sin que el incremento se repercutiese sobre el recibo final. Parte de la culpa la tuvo el real decreto 661/2007, que reservaba unas primas muy elevadas, de hasta 400 euros el MWh, a las renovables de por entonces. No se confundan con las renovables de ahora virtuosas, verdes, autóctonas y baratas. También aumentaron otras partidas reguladas como los costes extrapeninsulares, los pagos por capacidad al gas o las ayudas a la gran industria. Entre el 2003 y el 2011 se duplicó el coste de las redes de transporte y aumentó un 66% el de las de distribución. Las primas a las renovables llegaron a rondar los 9.000 millones de euros al año. Todo cabía en aquella factura de imbatible capacidad recaudatoria a prueba de bombas. Cuando estalló la crisis financiera, España tenía el recibo de luz más caro de Europa, solo por delante de Irlanda y Chile. “La tarifa lo aguanta todo”, se decía en aquellos años.
Populismo tarifario. A esto hay que añadir que el control de la factura se decidía por decreto ministerial y que cualquier alza se consideraba tabú. No existió administración que no cayera en la tendencia de paralizar el recibo ni grupo opositor que no protestara con vehemencia ante cualquier leve encarecimiento. Frente a las licitaciones trimestrales de la TUR para establecer el coste de la energía --sustituidas después en el 2014 por el PVPC--, el otro tramo del cobro, el de los peajes regulados, se mantuvo definiéndose de modo bastante aleatorio hasta el 2013, apoyándose en pronósticos erróneos y una excesiva flexibilidad en la contabilidad.
La crisis económica. Al estallar la Gran Recesión, bajó el consumo de electricidad, lo que hizo que el coste unitario de las infraestructuras aumentase. A menos consumo, más coste a repartir por unidad consumida. Es lo que tiene cubrir costes fijos. Mientras, en el otro extremo del laberinto del Electrotauro, en el pool, ocurría lo contario: menos demanda, menos precio. Para rizar el rizo, las renovables instaladas entre el 2007 y el 2013 disfrutaban de una prima que se añadía al precio de mercado hasta alcanzar una retribución específica. A menor precio de mercado, más prima regulada había que pagar. Y más déficit de tarifa. Una especie de efecto balancín. Frente a las renovables actuales, que reducen el precio del mercado y del recibo final, aquéllas reducían el precio del mercado, pero no el precio final.
Pero, ¿por qué es tan importante el déficit de tarifa? Porque aparte de costarnos una millonada cada año explica algunas de las más traumáticas decisiones de la década pasada. Ya ocasionó a comienzos del 2011, con Sebastián como ministro de Industria, los primeros recortes de primas a las renovables, que dejaron entrampados a inversores particulares que habían puesto su dinero en lo que parecía una apuesta segura garantizada por el Estado. La necesidad de embridar los costes regulados también hizo que en la etapa de José Manuel Soria se aprobase una moratoria a las renovables --entre el 2012 y el inicio de las subastas en el 2015 no volvió a planificarse un solo megavatio hora verde--, se crease un nuevo impuesto del 7% a la producción de electricidad --Junts está pidiendo estos días su eliminación-- y se penalizase el autoconsumo --el controvertido impuesto al sol--. También se lanzó la reforma del 2013, elaborada por Alberto Nadal, actual responsable económico del PP, un tratamiento de shock de los de aquella época que logró atajar el desajuste a través de un nuevo mecanismo retributivo. Fue una drástica y eficaz solución, y también el origen de milmillonarios arbitrajes de inversores internacionales. España sigue sufriendo embargos por cientos de millones de euros en el extranjero por este motivo, señala aquí Pilar Blázquez.
La terapia de choque contra el déficit de tarifa sigue teniendo otros efectos secundarios. Esta semana Endesa ha anunciado inversiones récord en redes de distribución, hasta 5.500 millones de euros, pero las ha condicionado a que el Gobierno levante el tope a las inversiones establecido en la propia reforma del 2013. La intención del Gobierno es incrementar este tope en un 60%, pero no acaba de publicar el real decreto. Se anunció en septiembre. Hay una “necesidad urgente” de invertir, dice el consejero delegado de Endesa, José Bogas. Salvando las distancias, a las redes de distribución les pasa como a las vías del tren o a las carreteras: estamos acusando ahora la comprensible austeridad de los años de la crisis. Bueno, salvando muchas distancias.
La reforma de Nadal para controlar los cargos y peajes regulados ha permitido a las ministras Teresa Ribera y Sara Aagesen centrarse en la otra parte del laberinto del Electrotauro, la del mercado eléctrico, ya sea a través del dividendo del CO2, la excepción ibérica o el calendario de cierre de las nucleares pactado en el 2019 y ahora en revisión. Resuelto el gran problema, tienen margen de maniobra, incluso para gestionar el mayor accidente industrial de la historia de España, que fue el apagón de abril del año pasado.
En fin, sin el déficit de tarifa es difícil entender los últimos quince años del sistema eléctrico. Si uno no está al tanto de esta deuda, acaba percibiendo cada crujido en el laberinto del Electrotauro como un movimiento maléfico en la oscuridad. Lo dicho, el propio cruce de intereses en torno a la retribución de las redes es fruto de la reforma de Nadal en el 2013, en la que se fijan revisiones regulatorias cada seis años y de paso se limita el esfuerzo inversor en función del PIB. Una camisa de fuerza quizá demasiado ceñida ahora que se necesita un mayor despliegue y la red da señales de saturación. En esta pugna late los efectos de una ortodoxa ley que controla el incremento de los costes regulados.
Una cosa más. El sobrio comunicado de la CNMC de hace unos días encierra otro elemento de interés, otra rémora de los años del terror financiero. ¿A quién le debemos la deuda eléctrica? Un 22,5% corresponde al déficit del 2013, que fue de 3.540 millones y que financiaron directamente las grandes eléctricas. El 77,5% restante está en manos del FADE, el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico. Por esta parte pagaremos este año unos intereses ni más ni menos que del 5,7%. ¡Casi el doble que los bonos españoles a diez años! ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe este alarido del Electrotauro tan propio de la crisis de la deuda soberana?
La operación FADE. En el 2010, en plena crisis financiera, las grandes eléctricas, por entonces Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa e Hidrocantábrico, tenían en su balance una deuda de más de 64.000 millones de euros. Una parte importante correspondía al déficit de tarifa, ya que eran ellas las encargadas de financiar el agujero, incluso cuando procediese de la retribución disfrutada por otras empresas. Las agencias de rating empezaron a llamar la atención. Y con la crisis en marcha, se encendieron las alarmas. La por entonces ministra de Economía Elena Salgado aceptó crear una figura, el FADE: un vehículo que extrajo la deuda del balance de las eléctricas y la colocó en los mercados de capitales. Para eso, realizó 83 emisiones de deuda, refinanciaciones incluidas, como explica la propia CNMC en su reciente informe. La última fue en el 2020. La operación FADE fue un rescate en toda regla a las eléctricas, con el matiz de que se las rescató tras haberlas obligado a soportar el déficit de tarifa. Se las sacó del agua tras hacerles una aguadilla.
Retomando el asunto de los intereses del FADE, el 5,7% que se liquidará este ejercicio ocurre porque, tal como indica la CNMC, las emisiones en vigor están muy influenciadas por las lanzadas entre 2012 y 2013, cuando la prima de riesgo permanecía disparada. Otros lanzamientos de épocas con tasas más reducidas ya se encuentran amortizados. En efecto, ¡en el 2026 continuamos abonando intereses de los tiempos de la crisis de deuda soberana del euro! Es difícil negar que el sistema eléctrico resulta de lo más peculiar.
En fin, ya solo nos quedan dos arreones para acabar de pagar la hipoteca. Vamos, que esto está hecho. Este año abonaremos 1.883 millones de la deuda eléctrica, un importe por primera vez en muchos años inferior al coste de las redes de transporte. En el 2027 serán solo 1.006 millones y en el 2028, 277 millones. Todo ello, por supuesto, siempre que se cumpla la ley del 2013 y al Gobierno no le dé por recuperar el déficit de tarifa. No es descartable, a la vista de que ya se ha concedido algún crédito a la tarifa para cuadrarla. Y como el último tramo es el más empinado, solo comentar que, de la anualidad prevista para este año, un 9,8% corresponde al pago de intereses. Como se ve, la deuda eléctrica ha sido un boyante negocio financiero. Una oscura maldición en el interior del laberinto del Electrotauro.
Otras noticias de la semana
· El Santander aspira a los 20.000 millones. El banco ha presentado esta semana el plan estratégico más ambicioso desde que Ana Botín lo dirige. Aspira a alcanzar unas cotas de ganancias anuales desconocidas en el Ibex.
· Criteria consolida el control sobre Naturgy. La sociedad de inversión de La Caixa reafirma su peso del 26% en la firma energética y muestra gestos de concordia hacia los demás socios, según apunta aquí Manel Pérez.
· Telefónica se apunta los costes del plan. La operadora registró en el 2025 unas pérdidas de 4.318 millones de euros por el impacto del plan de saneamiento de la compañía, la venta de activos en Latinoamérica y los efectos del ERE.
· Aena invertirá 1.745 millones en El Prat. La compañía ha detallado sus planes en el aeropuerto barcelonés después de encadenar tres años de resultados récord, hasta 2.136 millones, informa Noemi Navas.
