Opinión

Menores en redes: qué sabe la ciencia

OBSERVATORIO GLOBAL

La decisión del Gobierno español de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, precedida por Australia y pronto seguida por Dinamarca, Francia, Malasia, Indonesia y tal vez otros países, ha intensificado el debate sobre los efectos negativos del uso de las redes sobre la salud mental de los más jóvenes.

Padres y medios de comunicación han encontrado un culpable a quien achacar los males emocionales que aquejan crecientemente a nuestros niños. Es esencial dar la palabra a la ciencia en ese debate, porque disponemos de múltiples estudios que clarifican la cuestión. Metaanálisis recientes, así como mi revisión de estudios científicos internacionales, señalan una asociación entre uso de las redes y perturbaciones emocionales en menores. Síntomas depresivos, ansiedad, baja autoestima e insatisfacción escolar. Los estudios españoles, en particular el más amplio, realizado por la Universidad de Santiago para Unicef, apuntan en el mismo sentido.

  
  Joan Mateu Parra / Shooting

La cuestión no resuelta es la dirección de la causalidad. Porque es posible que aquellos adolescentes con mayores problemas tiendan más que otros a buscar refugio en el entorno comunicativo de las redes. Las investigaciones más completas, como las del National Institute of Health en Estados Unidos o las de Oxford y Cambridge, insisten en la importancia de otros factores. Muy en particular, la atención familiar y escolar. O sea, que más que el tiempo que pasan en las redes, la clave es el tiempo de calidad que no pasan con sus familias.

Ahora bien, una vez que viven en las redes (en España un 92% de los menores están en alguna red social), se exponen a potenciales efectos nocivos. El tiempo en las redes no es tan importante como el contenido de la interacción. En particular el ciberacoso y el bullying. Porque las redes vehiculan toda clase de contenidos, porque esa es nuestra sociedad. Y los menores, cuya estructura emocional está en formación, son particularmente vulnerables. En el estudio Unicef en España ­muchos menores han accedido a pornografía sin buscarlo. Y el 70% declaran que no hablan de sexo con su familia. Es lógico que en esas condiciones les pique la ­curiosidad.

La evidencia existente señala que son múltiples los factores que influencian la salud mental de los jóvenes, en particular un bajo nivel social y cultural de las familias, insuficiente acceso al cuidado sanitario o la discriminación étnica. Por eso, en ausencia de estudios longitudinales con muestras poblacionales y con escasos estudios experimentales, la comunidad científica no se pronuncia todavía sobre el efecto de las redes en la salud mental y cuál es la magnitud del impacto.

No se puede correr el riesgo de dañar a nuestros niños mientras refinamos nuestras hipótesis

¿Tiene entonces sentido prohibir el acceso a lo que es el espacio comunicativo de nuestro tiempo? La mayoría pensamos que en caso de duda no se puede correr el riesgo de dañar a nuestros niños mientras refinamos nuestras hipótesis. En particular, porque lo que sabemos es que las plataformas funcionan con algoritmos adictivos porque el modelo de negocio de las empresas se basa en estimular la interacción para recabar y comercializar datos.

Aun así, ¿es posible aplicar una medida tan general considerando precisamente que muchos jóvenes viven en parte en sus redes? En este sentido, la experiencia australiana da esperanza.

Mi colega Kate Crawford, australiana y líder mundial sobre inteligencia artificial, me ha facilitado los datos del primer mes de aplicación, diciembre del 2025. Se desactivaron 4,7 millones de cuentas (dos por menor). Meta cerró 550.000 cuentas. En caso de incumplimiento, las multas a las empresas llegarían a 33 millones de dólares estadounidenses. Se habilitaron medidas de identificación de edad que funcionaron. Algunas cuentas siguen activas, pero el Gobierno continúa actuando.

Convencer o vencer al oligopolio de la comunicación digital es posible. Y ne­cesario.