Continúan los interrogantes acerca del cese
Enfrentamiento soterrado
Ayuso justifica la destitución por mala.
La primera reunión del gobierno madrileño con Ayuso a la cabeza y Viciana, el segundo por la izquierda
La destitución inmediata del responsable de Educación de Madrid, Emilio Viciana, se ha vivido estos días como si se tratara de una comedia de enredos. Se le ha calificado de incapaz y de integrar una red extravagante ajena a la gestión pública, aunque también se dice que reveló anomalías supuestamente ejecutadas por quienes le precedieron en el puesto.
Viciana se marchó el lunes y durante el martes renunciaron cinco miembros de su equipo, dos directores generales y tres integrantes de la Asamblea de Madrid. Todos ellos habrían sido sugeridos a Isabel Díaz Ayuso por el titular de un centro de enseñanza y responsable de una agrupación teatral, Antonio Castillo Algarra, en quien la mandataria se apoyó para renovar la consejería.
Más Madrid identifica un proceso judicial impulsado por Viciana como el motivo probable.
Según ha ido contando El País, sería un Rasputín que manejaba los hilos en la sombra. De este modo, el director general de universidades, Nicolás Casas, tocaba el trombón en la compañía y M. Luz Rodríguez había sido la recepcionista de la academia antes de ser directora de Secundaria y FP. Los tres diputados salientes también tenían relación con Algarra.
Estos jóvenes treintañeros de ideas neoconservadoras, a los que se apodó “los pocholos” por su aire de niños del barrio de Salamanca de Madrid, estaban capitaneados por Viciana, abogado, responsable de la educación madrileña desde la mayoría absoluta del PP en 2023.
Se le dio a conocer con una orientación técnica y no partidista, distanciándose del estilo del anterior consejero, Enrique Ossorio, figura clave de Díaz Ayuso y hoy máximo responsable de la Asamblea.
Efectivamente, Viciana, según explican fuentes del sector educativo madrileño, era un consejero poco comunicativo. Un ex alto cargo del Gobierno describe la incomodidad de mantener unas comidas informales en las que Viciana escuchaba mucho, pero no aportaba nada. “Es como si estuviera desorientado, como si no pudiera comprometer su palabra porque sabía que podría ser desautorizado a continuación”.
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Viciana ha respetado fielmente la hoja de ruta privatizadora que comenzó la presidenta Esperanza Aguirre.
Para otros conocedores de la política educativa madrileña, como Isabel Galvín, profesora de la Complutense y una histórica en CC.OO. O el socialista Esteban Álvarez, portavoz de Educación en la Asamblea, Viciana ha seguido al pie de la letra la agenda de privatización que inició la presidenta Esperanza Aguirre.
Ayudas económicas a los hogares para matricular a sus hijos en instituciones particulares sin considerar su nivel de ingresos, el traspaso de parcelas a colegios que se publicitan como concertados antes de iniciar su actividad, y la reducida cantidad de vacantes estatales en favor de la financiación otorgada a entidades privadas... Todo ello proyecta un panorama de fragilidad para el ámbito público. Madrid constituye la comunidad autónoma con el menor desembolso por estudiante. “Con Viciana esto ha ido a más”.
Actualmente, casi la mitad de los alumnos madrileños van a un centro privado (46%), sea concertado con dinero público o privado del todo (el 17%). Esto contrasta con los datos de cualquier autonomía, incluso con los de Catalunya, donde la privada tiene un peso notorio respecto al resto del Estado.
El 46% de los estudiantes de Madrid
En Catalunya, el 35% de estudiantes va a colegios de titularidad privada. De éstos, un 10% están matriculados en escuelas privadas sin concierto. El modelo de escuela concertada catalana tiene un carácter de iniciativa social, a diferencia de Madrid, donde priman las empresas o fondos de inversión). Además, para evitar la segregación, la concertada catalana asume una cuota de estudiantes con un capital sociocultural bajo.
Viciana incidió en aspectos ideológicos, como la memoria democrática, y apoyó iniciativas en contra de la escuela inclusiva, como el apoyo a centros de educación especial o con la inclusión de 1º y 2º de la ESO en centros de primaria (sin una orden legal, según Álvarez).
Sin embargo, la crispación con los rectores y la dificultad para entregar una normativa de universidades dentro del cronograma han sido los motivos esgrimidos por el Gobierno madrileño para su relevo. La misión fundamental de la presidenta cuando Viciana se incorporó fue confeccionar en un periodo de dos años una ley de educación superior (universidades, FP y estudios artísticos).
Las versiones preliminares difundidas han generado una fuerte indignación en el sector académico al estimar que “asfixiaba” a las instituciones estatales debido a la carencia de fondos (buscaba que obtuvieran un 30% de ingresos autogenerados para acceder a capital estatal). Al mismo tiempo, el PP impugnó la normativa gubernamental sobre la apertura de centros privados que establece limitaciones a las entidades “chiringuitos”. En Madrid existen 14 instituciones de pago, en comparación con 6 de carácter público. La presidenta respaldaba abiertamente todas estas medidas.
Investigan el supuesto fraccionamiento de contratos en centros
Más Madrid ha señalado un motivo distinto para la salida de Viciana que no guarda relación con una supuesta carencia de sintonía ideológica con el PP o una gestión deficiente. Se refiere a una indagación en los tribunales por una presunta división irregular de adjudicaciones en proyectos de centros de FP.
Durante marzo de 2024, Viciana entregó un reporte ante la Fiscalía Provincial de Madrid con el objetivo de que se examinaran presuntas anomalías efectuadas antes de su nombramiento, específicamente de 2021 a 2023, etapa en la cual Ossorio encabezaba la consejería. Se trata del lapso vinculado a los fondos europeos.
La situación se reveló a raíz de que un contratista exigiera a la consejería 1,6 millones de euros por trabajos tasados en 2,5 millones en Ciudad Escolar que no contaban con licitación oficial. Los centros educativos del área supuestamente emitieron facturas de las labores de manera fragmentada hasta que, al cesar dicha práctica, el empresario presentó su reclamación.
Viciana inició una fiscalización y comprobó que no se trataba de un hecho aislado. Viciana ejerce como administrador Civil del Estado y ha trabajado durante 11 años en el Ministerio de Hacienda desempeñándose como vicesecretario de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Mercedes Zarzalejo, integrante del PP en la indagación parlamentaria sobre Begoña Gómez, sustituye a Viciana en sus funciones.
