Las Claves
- Donald Trump propuso quince años de seguridad para Ucrania, pero Volodímir Zelenski exige cincuenta años para garantizar una disuasión real ante Vladímir Putin.
Dos décadas no significan nada, entonaba Carlos Gardel en su reconocido tango Volver. Quince son todavía menos. Ese es el reducido plazo ofrecido por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, a su par ucraniano, Volodímir Zelenski, para avalar la seguridad de Ucrania ante una nueva ofensiva de Rusia tras un hipotético tratado de paz. Constituye uno de los ejes vitales y más enrevesados —junto a la entrega de tierras demandada por Moscú— para conseguir finalizar la contienda comenzada por el dirigente ruso, Vladímir Putin, en 2022. El 24 de febrero se habrán cumplido ya cuatro años.
El planteamiento relativo a las salvaguardas de seguridad se debatió en la reunión que mantuvieron en Mar-a-Lago (Florida) el pasado domingo, 28 de diciembre, l as comitivas estadounidense y ucraniana con el fin de tratar los pormenores y eventuales modificaciones a la estrategia de paz diseñada por la Casa Blanca. Quince años… ¡Un parpadeo! Rusia cuenta con la paciencia para esperar ese lapso y más. Requirió de veinte años para optar por la incursión y anexión de la península de Crimea, en 2014, quebrantando los pactos suscritos con Ucrania tras su emancipación a inicios de los 90, donde se obligó a honrar la unidad de la naciente nación. Zelenski comprende esto a la perfección y por tal motivo solicitó un plazo con mayor carácter disuasorio: 50 años, media centuria. Al llegar esa fecha, al menos, Putin ya no ocupará el Kremlin.
Una vez excluida la adhesión de Ucrania a la OTAN —un requerimiento de Rusia que la propuesta de paz de EE.UU. Ha contemplado desde el inicio—, resulta fundamental para Kyiv que EE.UU. Actúe como protector de su integridad, asegurando no solo una duración prolongada, sino también una obligación sólida. El pacto debería contemplar un sistema similar al artículo 5 de la Alianza Atlántica (el cual asegura la protección conjunta de sus integrantes ante agresiones externas). Un factor disuasorio determinante ante posibles ofensivas venideras.
Rusia vulneró a lo largo de 2014 los dos convenios firmados, en 1991 y 1994, con Ucrania.
Hacer hincapié en este aspecto resulta vital para Kyiv, dado que ha experimentado directamente la escasa consideración que Moscú, liderada de forma autocrática por Vladímir Putin, muestra hacia los acuerdos internacionales suscritos por su nación. Especialmente aquellos relacionados con la extinción de la Unión Soviética, un hecho que él individualmente jamás ha admitido. Luego de que Ucrania proclamara su soberanía en 1991, Rusia suscribió junto a este estado y Bielorrusia el tratado de Belavezha, mediante el cual se acordó —prescindiendo de la autoridad central encarnada entonces por un frágil Mijaíl Gorbachov— el desmantelamiento de la URSS y la validación de la independencia de las dos repúblicas. Al transcurrir tres años, en 1994, Rusia y Ucrania ratificaron el Memorándum de Budapest, pacto por el que Kyiv consintió en ceder a Moscú el armamento atómico soviético que permanecía ubicado en su suelo. Como contrapartida, Rusia, EE.UU. Y el Reino Unido asumieron la obligación de garantizar la soberanía y la unidad geográfica de Ucrania. Los resultados están a la vista.
Dicho acuerdo fue quebrantado de manera unilateral por Rusia en 2014. En aquel periodo, Moscú ocupó la península de Crimea, territorio que reclamaba para sí, al tiempo que respaldaba de forma encubierta —aunque evidente para el resto del planeta— a las milicias secesionistas de la zona este de Ucrania, el Donbass. Tras constatar la falta de firmeza de Occidente, ocho años después, en febrero del 2022, inició una ofensiva bélica a gran escala contra Ucrania desde múltiples flancos con la intención de deponer al ejecutivo y establecer un mandatario dócil a sus intereses. Resulta evidente, ante tales sucesos, que la rúbrica de Rusia en un documento posee escasa relevancia si no existe una autoridad externa con la potencia necesaria para garantizar su cumplimiento.
Ucrania dispone del respaldo de la Unión Europea, la cual en su última cumbre pactó otorgarle un crédito de 90.000 millones de euros con el fin de continuar financiando su defensa bélica (dado que el aporte norteamericano prácticamente se ha esfumado). Además, entre sus objetivos figura agilizar su entrada al club comunitario (si bien hasta ahora la administración prorrusa de Viktor Orbán en Hungría ha bloqueado el comienzo de los diálogos con Bruselas). La hoja de ruta para la paz que gestionan actualmente ucranianos y estadounidenses contempla igualmente la adhesión de Ucrania a la UE, una posibilidad ante la cual, inicialmente, Moscú ya no mostraría el rechazo de antaño.
Volodímir Zelenski y Donald Trump, en Florida el domingo pasado
Ursula von der Leyen, quien preside la Comisión Europea, aseguró el martes mediante la plataforma X que la incorporación de Ucrania “es una garantía de seguridad clave por sí misma”. No obstante, ¿posee la solidez necesaria? La UE dispone, efectivamente, de una disposición de protección recíproca (el artículo 42.7 del Tratado de Lisboa) mediante la cual los países integrantes se comprometen a brindarse asistencia en caso de que alguno sufra una agresión. Sin embargo, en la actualidad y nuevamente, el amparo norteamericano continúa siendo imprescindible.
Otro aspecto fundamental reside en el conflicto por el territorio. Rusia demanda el reconocimiento de su dominio sobre todas las regiones que ha tomado durante la contienda -salvo mínimos ajustes- y reclama la entrega de la zona del Donbass que aún no controla tras casi cuatro años de cruentas batallas. Tal pretensión resulta inadmisible para Ucrania y el límite de la flexibilidad de Zelenski consiste en permitir el establecimiento de un área desmilitarizada en dicho lugar. Putin afirma que, de no recibir la totalidad del Donbass, procederá a su captura mediante las armas. No obstante, esta tarea no le está siendo en absoluto sencilla.
Durante el transcurso de 2025 escasamente ha logrado quitar a las fuerzas ucranianas un 1% de superficie extra, de acuerdo con los expertos de DeepState, encargados de mapear la contienda. Todo ello, con un precio en vidas devastador. Conforme a los informes de inteligencia de Occidente, Rusia ha acumulado desde que comenzó la invasión más de un millón de pérdidas, entre las que se cuentan 250.000 fallecidos.
Durante su alocución de fin de año, el miércoles, el presidente ucraniano validó las mejoras obtenidas recientemente en las pláticas con los norteamericanos y, tal como señaló Trump, situó el nivel de entendimiento actual en el 90% (a la espera, lógicamente, de los rusos). Sin embargo, esto representa bastante y poco al mismo tiempo. Puesto que el 10% que resta es exactamente el fragmento más arduo. Es lo que —según sus términos— lo “contiene todo”. Lo verdaderamente crucial. Y alertó: “Quienes piensan que Ucrania está dispuesta a rendirse se equivocan profundamente”.
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Putin no busca nada distinto. El mandatario ruso ha conseguido persuadir al presidente de EE.UU. Sobre sus deseos de paz. No obstante, en el fondo únicamente aceptaría un pacto ajustado a sus intereses, similar al que consiguió imponer a Trump durante la confusa reunión de Alaska del estío anterior. Un arreglo tan favorable para él que supondría la rendición de Kyiv. Para el responsable del Kremlin, afianzar y obtener el aval internacional sobre sus dominios en la zona oriental de Ucrania resulta clave para proclamar un triunfo (pese a que se trate de un éxito ficticio e incompleto).
Por tal motivo, cada vez que Trump se muestra muy receptivo ante las posturas de Ucrania y sus socios europeos mientras los diálogos para un acuerdo de paz más justo avanzan, él se dedica a boicotearlos. Así, para frenar el entusiasmo manifestado por Trump desde Mar-a-Lago, Moscú culpó al día siguiente a Kyiv de haber pretendido bombardear con drones la dacha que Putin usa como vivienda secundaria en la zona de Nóvgorod —un suceso que los servicios de inteligencia occidentales cuestionan— y comunicó su intención de “endurecer”, como desquite, su actitud negociadora. Su fin es postergar las acciones y ganar tiempo, con la esperanza de que EE.UU. Se alinee con ellos. O que se fatigue y abandone a Ucrania y a Europa a su propia suerte.
· Cuatro décadas juntos. El 1 de enero de 1986, España se incorporó junto con Portugal a las entonces denominadas Comunidades Europeas, las cuales con el paso del tiempo darían lugar a la UE. Cuarenta años después, el resultado no podría ser más favorable. La integración europea fortaleció la democracia en nuestra nación y los fondos comunitarios posibilitaron un gran avance hacia la modernización. No resulta sorprendente que por un extenso periodo los españoles se situaran entre los más europeístas de la región, si bien esta visión optimista comenzó a desgastarse a consecuencia de la crisis financiera del 2008. En la actualidad, tres cuartas partes de la población opinan que el porvenir de España es preferible dentro de la UE que fuera. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró la efeméride destacando los beneficios que dicha incorporación supuso para la colectividad: “Todos nos hemos beneficiado de nuestra estrecha colaboración. Habéis enriquecido Europa con vuestra cultura e increíble creatividad. Habéis jugado un papel clave en la integración europea, apoyando proyectos europeos estratégicos como el euro y la ampliación”.
· Nuevo socio en la Eurozona. Este 1 de enero Bulgaria se transformó en el vigésimo primer estado en incorporarse a la eurozona, casi dos décadas después de su entrada en la UE. Sin embargo, el evento no estuvo marcado por grandes festejos. La adopción del euro y el abandono de la moneda local (la leva) sucede en un periodo de fuerte inestabilidad política, con un gabinete provisional y en medio de un gran escepticismo popular (con casi el 49% de la población en contra). Los búlgaros temen que la llegada del euro traiga consigo un incremento significativo de los precios, en un país que se sitúa entre los más pobres de Europa, pese a los comunicados de tranquilidad emitidos por el BCE. El primer ministro de Bulgaria, Rosen Zhelyazkov, presentó el pasado octubre la dimisión de su ejecutivo -encabezado por el conservador GERB y compuesto por el Partido Socialista Búlgaro (BSP) y el populista y antisistema ITN- a raíz de las protestas masivas por los escándalos de corrupción. Se anticipa que se celebren nuevas elecciones adelantadas durante la próxima primavera.
