Las Claves
- El canciller Friedrich Merz sufrió un fracaso diplomático en la Unión Europea tras una maniobra coordinada entre Emmanuel Macron y Giorgia Meloni.
- La Unión Europea rechaz
El político democristiano Friedrich Merz ocupó el 6 de mayo la Cancillería de Alemania con un propósito claro: realizar un importante salto adelante en política exterior, incrementando la participación y el peso de Alemania a nivel global y tomando un mando más firme en Europa. Una meta que, durante los pasados siete meses, ha intentado aplicar en diversos ámbitos, especialmente en lo relativo al conflicto de Ucrania. No obstante, dicha actividad se vio truncada en las primeras horas del 19 de diciembre, durante la decisiva y convulsa reunión europea de cierre de año, en la cual Berlín padeció un fracaso sin precedentes. Hace ya un periodo que Alemania dejó de vencer constantemente en el fútbol -contradiciendo la famosa frase del británico Gary Lineker-, aunque jamás había caído en una cuestión fundamental dentro de la Unión Europea. Hasta este momento. Merz concluyó 2025 con un doloroso traspié resultado de la maniobra coordinada del presidente francés, Emmanuel Macron, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, un pacto coyuntural que podría acarrear serias repercusiones en el vínculo entre Berlín y París.
No obstante, retrocedamos ligeramente en el tiempo. Durante el lunes 15 de diciembre, Merz ejerció de organizador en Berlín de una relevante reunión que congregó al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a los representantes particulares del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner -yerno de Donald Trump-, junto a diversos dirigentes de Europa y de la OTAN, con el objetivo de pactar una propuesta de paz unificada para trasladar a Rusia. Representó una verdadera puesta de largo de Alemania dentro de la diplomacia internacional. En la jornada posterior, el martes 16, el jefe del gobierno alemán logró otra victoria significativa -esta vez en el ámbito financiero- al presionar a la Comisión Europea para que diera marcha atrás en su objetivo respecto al veto absoluto a la producción de vehículos de combustión interna desde 2035, proporcionando un respiro al fuerte pero preocupado sector automotriz de Alemania. Justo antes del cierre anual del Consejo Europeo, parecía que las circunstancias favorecían inicialmente a Friedrich Merz. Sin embargo, las cosas se complicaron.
La dificultad inicial comenzó a manifestarse el miércoles 17. Francia, que hasta dicha fecha se había opuesto casi de forma aislada a la validación del convenio mercantil entre la UE y las naciones del Mercosur -Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay-, halló repentinamente que Italia se mostraba dubitativa. Macron, quien anteriormente se mostró abierto a ceder mediante ciertas garantías de protección para el sector agrícola y ganadero de Europa, tuvo que radicalizar otra vez su postura e intentar retrasar el proceso ante las fuertes protestas del sector en Francia. Alemania, la principal favorecida por el pacto -particularmente ventajoso para el ámbito industrial-, junto con la Comisión, instaban a suscribir el documento antes de que terminara el ejercicio, no obstante, la alineación de Roma con el planteamiento de París frustró las intenciones de Berlín y Bruselas. En la jornada posterior, el jueves 18, la Comisión optó por aplazar la firma para el mes de enero. Se trataba de la fecha inaugural del encuentro y la alianza transalpina generaba su primer contratiempo.
El decomiso de los activos rusos se perfilaba como una salida ideal, no obstante, implicaba múltiples dificultades.
No obstante, las inquietudes del canciller alemán no terminaban en ese punto. Aparte del acuerdo con el Mercosur, su meta principal consistía en lograr la validación de su estrategia —diseñada junto a la jefa de la Comisión, la germana y compañera de partido Ursula von der Leyen— para costear desde el próximo ejercicio el apoyo bélico y financiero a Ucrania empleando los activos rusos —cerca de 210.000 millones de euros— custodiados en bancos de la UE e inmovilizados a raíz de la agresión a Ucrania de 2022. El método se basaba en usar dicho capital como aval de un crédito que Kyiv no tendría que reembolsar hasta que Moscú abonara más adelante posibles indemnizaciones por el conflicto. Así, la UE lograría continuar respaldando la defensa de Ucrania —que carecería de la ayuda norteamericana bajo el mandato de Trump— sin afectar los presupuestos europeos. En teoría, resultaba una alternativa perfecta, aunque en la práctica conllevaba múltiples dificultades.
El decomiso de los activos rusos —cuya licitud es cuestionable— amenazaba con generar repercusiones financieras de peso, afectando la solidez de las plazas bursátiles de Europa —según las alertas del BCE— y perjudicando a las naciones con mayor vulnerabilidad. En este grupo destaca casi únicamente Bélgica, país que resguarda el grueso de dicho capital mediante la institución Euroclear. El inquebrantable jefe de gobierno belga, el nacionalista flamenco Bart de Wever, rechazaba con contundencia asumir de manera individual todos los peligros, resistiendo ante las constantes exigencias de Merz y Von der Leyen. Únicamente ante la certeza de que la UE en su totalidad compartiría las responsabilidades derivadas, accedería a la propuesta. Fue en ese punto donde la estrategia comenzó a desmoronarse por completo.
El mandatario de Alemania, Friedrich Merz, tras examinar los acuerdos de la cumbre europea.
La principal equivocación de la pareja Merz-Von der Leyen consistió en jugárselo todo a una sola alternativa y omitir cualquier otra posibilidad -derivado del profundo rechazo alemán a contraer deudas-, por lo que al ser denegada su propuesta el fracaso resultó evidente. El mandatario germano pretendió simular lo opuesto durante una alambicada intervención frente a la prensa, aunque la realidad era innegable: el Consejo Europeo convino sufragar a Ucrania mediante un crédito de 90.000 millones de euros conseguidos a través de eurobonos garantizados por las cuentas de la comunidad (no obstante, excluyendo al trío prorruso oriental -Eslovaquia, Hungría y República Checa-, que se mantuvieron al margen del pacto). Mediante este sistema, los fondos de Rusia actúan como una garantía final, si bien permanecerán en su ubicación actual.
Resultaba fundamental que la UE hallara antes de que terminara el año el modo de continuar respaldando financieramente la protección de Ucrania. Se trataba de un asunto de extrema urgencia. Y cumplió con su objetivo. Aunque no ocurrió según lo previsto, se logró, superando nuevamente el impedimento de la deuda compartida. El precedente inicial ocurrió en 2020, al costear los fondos Next Generation, destinados a enfrentar la recesión económica provocada por la crisis del covid y que ha elevado el débito colectivo total a cerca de 700.000 millones de euros, cifra a la que se sumarán ahora los recursos para Kyiv.
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El desenlace definitivo se gestó mediante una intrincada negociación de madrugada, donde la alianza entre Macron y Meloni operó de nuevo de forma indirecta. Dinamarca -que ostentaba el liderazgo rotatorio de la Unión Europea-, Polonia y las naciones bálticas insistían en respaldar la propuesta de Alemania. No obstante, Bélgica no se encontraba aislada en este desafío. Diversos Estados manifestaban igualmente incertidumbre respecto al decomiso de los fondos rusos y la magnitud de los avales que se buscaba imponer a los miembros, destacando sobre todo Italia, que junto a Bulgaria, la República Checa y Malta emitieron un comunicado oficial solicitando que se investigaran “soluciones alternativas”. Francia evitó pronunciarse abiertamente, aunque su intervención resultó fundamental, ya que operaba en la sombra sobre la vía opcional que terminó por aprobarse, manteniendo conversaciones privadas con Hungría. Berlín percibió este movimiento casi como una deslealtad. El vínculo francoalemán podría terminar viéndose afectado.
Última versión del plan de paz. El mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló poco antes de Navidad los puntos fundamentales de la última versión del plan de paz acordada con EE.UU. Y las potencias europeas para proponer a Moscú. El plan contempla un tratado de no agresión recíproca con Rusia, disminuir las fuerzas armadas de Ucrania a 800.000 efectivos en periodos de paz, la adhesión de Ucrania a la UE —excluyendo a la OTAN— y sólidas salvaguardias de seguridad para la nación por parte de sus socios si Rusia incumpliera lo pactado. El asunto de los territorios, no obstante, continúa sin resolverse. Zelenski rechaza entregar las zonas del Donbass bajo su mando y aboga por establecer el cese de hostilidades en la demarcación actual del frente, si bien se manifiesta dispuesto a una eventual solución que implicaría fundar un área económica especial y desarmada, con intervención estadounidense en las regiones que Moscú exige.
Venganza norteamericana. El Gobierno de Estados Unidos nunca ha aceptado la regulación europea sobre los Servicios Digitales (DSA), que considera lesiva para los intereses de las grandes tecnológicas norteamericanas y, por ende, un ataque contra los intereses nacionales de EE.UU. Desde el retorno al poder de Donald Trump, a principios de año, Washington ha multiplicado las presiones para dejar sin efecto tal regulación. Su último movimiento -con regusto a venganza- ha consistido en sancionar a varias personalidades europeas prohibiendo su entrada en el país. Se trata del excomisario europeo de Mercado Interior y padre de la DSA, Thierry Breton, y cuatro representantes de oenegés que combaten la desinformación y la incitación al odio en las redes sociales en Alemania y el Reino Unido: Imran Ahmed, del Center for Countering Digital Hate; Clare Melford, de The Global Disinformation Index, y Anna-Lena von Hodenberg y Josephine Ballon, de HateAid.
Londres, cada vez más cerca. Pese a que una de las finalidades expresadas por el actual mandatario británico, Keir Starmer, es resetear los nexos entre el Reino Unido y la Unión Europea, hasta la fecha no se habían dado pasos relevantes en este ámbito (salvo por la colaboración mutua ante la guerra de Ucrania). La determinación inaugural palpable de Londres en esta línea ha sido volver, comenzando el ciclo escolar 2027-2028, al programa Erasmus de movilidad estudiantil. No constituye un hecho puntual. A casi diez años de la validación en plebiscito del Brexit, diversos miembros del Gobierno británico y un ala destacada del partido Laborista se posicionan a favor de requerir a Bruselas el retorno a la unión aduanera con la UE. Sin embargo, los sondeos posicionan como mayor potencia electoral en el Reino Unido a la organización del nacionalista contrario a Europa Nigel Farage.
