El alcalde de Alicante se siente “víctima de una cacería” y “una sucia campaña de acoso”
Escándalo vivienda
Luis Barcala comparece para aclarar que un piso de VPO que su esposa compró hace 15 años para alquilar es totalmente legal y enmarca la información en un intento de desacreditarle
La oposición vuelve a pedir la renuncia del alcalde: “la VPO está para vivir, no para especular”, denuncia el PSPV
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, atendiendo a los medios en el Ayuntamiento.
“Es la cacería a la persona lo que importa, y no la verdad”, ha asegurado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en una comparecencia imprevista ante los medios de comunicación ofrecida a las 12.30 de hoy viernes. Respondía así a una información publicada por eldiario.es respecto a un piso de VPO destinado al alquiler que fue adquirido por su esposa en 2006, cuando ambos estaban ya casados y trabajaban como abogados.
“Me siento víctima de una cacería en la cual absolutamente todo vale con tal de difamar, ensuciar y emponzoñar; y donde lo importante no es que las cosas sean de una manera o de otra, sino de atacarme por tierra, mar y aire. A mí, y ya a mi familia”, ha señalado el alcalde. Tras repasar de nuevo las iniciativas adoptadas al estallar el escándalo del residencial Les Naus, Barcala ha asegurado que ese asunto está siendo aprovechado “por algunos, para una sucia campaña de acoso y derribo contra mi persona en la que todo parece que vale, incluyendo mi familia; pues no, no todo va a valer”.
Barcala dice que el escándalo de Les Naus está siendo aprovechado para atacarle “por tierra, mar y aire”
Se refería a un titular que dice “la mujer del alcalde de Alicante cobra el alquiler de una VPO que adquirió en 2006, ya casada, en la que nunca vivió”. Barcala ha explicado que “lo comprado en 2006 es vivienda de nueva construcción de protección pública, calificada definitivamente el 20 de abril de 2005 por la Conselleria de Territori i Habitatge. En esa calificación hay doce viviendas dentro del edificio que son exclusivamente para alquiler, no para uso propio de los compradores, y el promotor puede vender las de alquiler a terceros que asuman ese mismo compromiso, que es lo que se ha hecho en este caso”.
Barcala ha añadido que “como el comprador no la va a usar, no se le exige más requisito que respetar el régimen de arrendamiento por el plazo previsto y con la renta máxima fijada oficialmente; el régimen no es alquiler con opción de compra -como se ha publicado- es vivienda calificada para arrendamiento, y así consta en la calificación definitiva. Lo que implica que no es el comprador el que debe reunir criterios específicos para la compra, sino el arrendatario que finalmente la ocupe”.
“La pregunta no es si se puede, sino si se debe”, replica Ana Barceló (PSPV)
De inmediato, la portavoz del grupo municipal socialista, Ana Barceló, ha replicado a la comparecencia de Barcala exigiendo, de nuevo, su dimisión: “La pregunta no es si se puede, sino si se debe. Cuando hablamos de vivienda pública, la ética no es opcional”, ha afirmado.
La portavoz socialista ha señalado que “lo que estamos conociendo estos días no es solo una cuestión legal, es una cuestión ética”. Y ha planteado una cuestión directa: “¿Es ético mantener durante casi veinte años el alquiler de una vivienda de protección oficial sin que sea tu residencia habitual? ¿Es ético que se lucre con ello la unidad familiar del propio alcalde?”.
Lee también
Barceló ha recordado que “la VPO está para vivir, no para especular” y ha advertido de que “en Alicante la vivienda protegida se ha convertido en terreno abonado para el privilegio y la cultura del pelotazo del Partido Popular”. “La vivienda protegida no debería ser un privilegio familiar. Está pensada para quienes la necesitan para vivir, para jóvenes y para familias trabajadoras que no pueden acceder al mercado libre. No para generar ingresos durante décadas”, ha subrayado.
La portavoz socialista ha enmarcado este caso en un contexto más amplio y ha alertado de que “no estamos ante un hecho aislado, sino ante un patrón preocupante en la gestión de la vivienda pública en nuestra ciudad”. Según ha explicado, “en Alicante estamos viendo cómo personas vinculadas al Partido Popular acceden a vivienda protegida no para vivir en ella, sino para especular o mantener beneficios que no les corresponden”.
Para Barceló, la situación evidencia “una falta de ejemplaridad y una falta de control escandalosa”. “Un alcalde debe ser el primero en dar ejemplo, especialmente cuando hablamos de vivienda pública y de derechos sociales básicos”, ha añadido.
Asimismo, ha recordado que la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado ya están investigando distintos aspectos relacionados con el pelotazo en la gestión de vivienda protegida en la ciudad, pero ha insistido en que “la responsabilidad política es independiente de la judicial”.
“Más allá de lo que determinen los tribunales, el alcalde debe asumir su responsabilidad política, dar explicaciones claras a la ciudadanía y abandonar el cargo. Alicante no puede seguir instalada en la sospecha permanente en torno a la vivienda pública por el pelotazo del Partido Popular”, ha concluido.