El regreso de Torcuato
Enfoque
La provincia se consagró como base del sistema electoral español en 1976
Torcuato Fernández Miranda (Gijón, 1915-Londres, 1980) fue uno de los personajes relevantes de la transición. Antiguo ministro-secretario general del Movimiento, vicepresidente del Gobierno (1973), presidente interino tras el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco, presidente de las Cortes después de la muerte del general Francisco Franco y preceptor del príncipe Juan Carlos de Borbón, fue uno de los hombres de confianza del nuevo Rey. Promovió astutamente a Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno en junio de 1976, dio forma a la ley de Reforma Política de aquel mismo año y acabó alejándose de Suárez en el tramo final de la transición por razones que explicaremos un poco más adelante.
En la serie televisiva Anatomía de un instante, inspirada en el libro de Javier Cercas que lleva ese mismo título, Fernández Miranda parece un personaje secundario. No lo fue. Televisión Española estrenó en 2017 un telefilme titulado De ley a ley, dirigido por Silvia Quer, con guión de Helena Molina, que aporta datos interesantes sobre el personaje. Es significativo el contraste entre el Suárez de Anatomía de un instante y el Suárez de De ley a ley. No quisiera hacer spoiler, pero retengan otro dato: en ambas obras audiovisuales, Felipe González apenas aparece.
Los personajes más destacados de la transición fueron el rey Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, el general Manuel Gutiérrez Mellado, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, Josep Tarradellas, Felipe González, los generales que soñaban con un golpe de Estado, y los cuadros intermedios de Comisiones Obreras que defendieron los pactos de la Moncloa en las asambleas de fábrica. Aciaga tarea: los salarios iban a subir menos que la inflación para estabilizar la economía y consolidar el proceso democrático. A cambio obtendrían unos años después una carta de derechos titulada Estatuto de los Trabajadores. Está bien recordarlo, ahora que tanto nos preocupa el futuro de la democracia liberal en Occidente. Con un 30% de inflación y un atentado de ETA cada dos semanas, España no hubiese podido aprobar una Constitución democrática en 1978.
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A partir de diversos informes jurídicos previos, Fernández Miranda redactó el borrador de la ley de Reforma Política y al entregárselo a Suárez le dijo: “Esto no tiene padre”. La citada ley dibujaba el camino para la autoliquidación de las Cortes franquistas y la convocatoria de las primeras elecciones libres desde 1936, estableciendo el mecanismo que debería regirlas. Congreso de 350 diputados elegidos por provincias con criterios proporcionales y con un dispositivo corrector para “evitar fragmentaciones inconvenientes de la Cámara”. Senado de 207 escaños, a razón de cuatro senadores por provincia, elegidos mediante criterio mayoritario.
La ley de Reforma Política fue aprobada por referéndum el 15 de diciembre de 1976. Votó el 77,8% del censo y el sí superó el 94% de los votos emitidos. Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez arrebataron la iniciativa política a la oposición democrática, que había tardado mucho en unirse en una única plataforma, puesto que Felipe González no quería ir a remolque de Santiago Carrillo, principal impulsor de la Junta Democrática en 1974. Recién salido de una larga hibernación, el PSOE esperaba su momento y no quería subordinarse a los comunistas. La iniciativa la llevaba Suárez y el PCE-PSUC constituía desde los años 60 la principal fuerza política de oposición, con el imprescindible apoyo de Comisiones Obreras.
La ley de Reforma Política puso las bases de la ley Electoral, que fijó un mínimo de dos diputados por provincia y un listón del 3% de los votos para entrar en el Congreso. La oposición democrática aceptó esas normas. Con esas reglas se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.
Fernández Miranda y Suárez lograron arrebatar la iniciativa política a la oposición democrática
La fijación de un mínimo de dos diputados por provincia generó un reparto territorial de escaños que favorecía a las provincias menos pobladas, entonces de base eminentemente rural y conservadora. Se argumentó que la España rural debía tener ese plus para no quedar totalmente sometida a la opinión de las provincias más pobladas. Ese mecanismo no parece haber sido suficiente a lo largo de los últimos cincuenta años para evitar el fenómeno de la España vaciada.
En realidad, Suárez y sus principales colaboradores idearon una ley pensada para dar mayoría absoluta a la Unión de Centro Democrático (UCD), la plataforma que surgiría del interior del viejo régimen, con incorporaciones externas al mismo, para pilotar el proceso de transición. Gobernadores civiles y presidentes de diputación fueron claves en ese proceso. Los gobernadores eran los responsables inmediatos del orden público y tenían en sus manos a los alcaldes (las primeras elecciones municipales democráticas no tendría lugar hasta abril de 1979), y las diputaciones provinciales manejaban cuantiosos fondos.
UCD estuvo a punto de conseguir la mayoría absoluta el 15-J de 1977 pero le faltaron diez diputados. Le fallaron principalmente la provincia de Barcelona, la mayoría de las provincias andaluzas, encabezadas por Sevilla y Málaga, Valencia y Alicante, y las provincias vascas de Vizcaya y Guipúzcoa. Sin mayoría absoluta, Suárez aceptó un proceso constituyente abierto.
A UCD le faltaron 10 diputados para la mayoría absoluta en 1977, pero pactar con Alianza Popular habría dividido el país
La ley de Reforma Política no planteaba de manera explícita la apertura de un proceso constituyente. Establecía, eso sí, los procedimientos para la reforma de las leyes que en 1976 se consideraban de rango constitucional, esto es, las leyes Fundamentales del Movimiento. La adecuación de esas leyes a los estándares mínimos exigidos por la Comunidad Económica Europea habrían podido dar pie a un nuevo cuerpo constitucional español.
UCD (165 diputados) podría haber pactado ese camino con Alianza Popular (16 diputados), puesto que ambas formaciones sumaban mayoría absoluta, pero esa decisión hubiese dejado a Suárez en manos de Manuel Fraga y el país se habría dividido dramáticamente en dos mitades en un momento en que la inflación superaba el 20% y existía un riesgo real de suspensión de pagos por los efectos derivados de la crisis del petróleo de 1973, que multiplicó por cuatro el precio de los carburantes y provocó el cierre de miles de empresas.
A propuesta de UCD, la nueva Constitución protegió de manera expresa la elección de diputados por circunscripción provincial. (Artículo 68). Así lo plantearon los tres ponentes del partido de Suárez: José Pedro Pérez Llorca, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Gabriel Cisneros. La izquierda lo aceptó a cambio de un reconocimiento explícito del sistema proporcional en el mismo artículo. También hubo consenso para dar rango de ley orgánica a la ley electoral. Las leyes orgánicas solo pueden ser aprobadas o modificadas por mayoría absoluta. Todo ello ha dado una gran estabilidad a la legislación electoral española.
Catalunya es la única comunidad autónoma que no ha aprobado una ley electoral específica para la elección de su parlamento
Cincuenta años después seguimos votando en las elecciones generales de acuerdo con los criterios básicos plasmados por Torcuato Fernández Miranda en la ley de Reforma Política. Cualquier modificación sustantiva del sistema electoral, premio de mayoría para el partido más votado, elegir un determinado número de diputados por circunscripción nacional, circunscripción regional (autonómica) en vez de circunscripción provincial... Exigiría una reforma previa de la Constitución por el procedimiento ordinario.
En los últimos cincuenta años se ha hablado algunas veces de la posibilidad de reformar la ley electoral sin tocar la Constitución. Por ejemplo, elevando el número de diputados a 400, iniciativa que hoy seguramente no sería bien aceptada por la sociedad. Significativamente, la izquierda nunca ha planteado de manera explícita reducir de dos a uno el mínimo de diputados por provincia, medida que aumentaría la proporcionalidad y tampoco exigiría la reforma de la Constitución. Muy probablemente, los nacionalistas catalanes serían contrarios a esa iniciativa, puesto que la asignación de diputados es beneficiosa para las provincias de Girona y Lleida donde siempre han sido los primeros.
El nacionalismo catalán ha sido hegemónico en Catalunya con la ayuda Torcuato Fernández Miranda. Catalunya es la única comunidad autónoma que no ha aprobado una ley electoral específica para la elección de su parlamento. El Parlament de Catalunya se elige de acuerdo con una disposición adicional transitoria del Estatut que concede prima a las provincias de Lleida y Girona, reforzando la pauta de la legislación española. Un escaño en Lleida o Girona cuesta sustancialmente menos votos que uno en Barcelona. Lleida elige 15 diputados y Girona 17, frente a los 85 de Barcelona. Tarragona, con 18 escaños, tiene una prima ligeramente menor en relación a su población.
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No todos los países europeos tienen la ley electoral protegida por la Constitución. Ese es, por ejemplo, el caso de Italia. En los últimos treinta años, Italia ha cambiado cinco veces de ley Electoral, con la consiguiente transfiguración del sistema político. Se está hablando en estos momentos de la posibilidad de un sexto cambio.
Toda esta explicación viene a cuenta del revuelo organizado estos días en Madrid por Gabriel Rufián con su propuesta de reunificación del espacio situado a la izquierda del PSOE. Un espacio (palabra de moda) más fragmentado que nunca después de la ruidosa escisión de Sumar y Podemos en el 2023. Rufián ha sido muy hábil: ha levantado una gran expectativa mediática y ha conseguido consolidarse como indiscutible candidato de ERC por la provincia de Barcelona en las próximas elecciones generales, frente a los sectores de su partido que estaban pensando en una posible sustitución.
ERC no tiene ningún otro posible jefe de filas en Madrid con tanta visibilidad pública. Además de consolidarse en su puesto, ha abierto un debate que interpela a la fragmentada izquierda alternativa tras la ruptura de Yolanda Díaz con Podemos, y viceversa. Ese debate conduce inexorablemente a la ley electoral y a la provincia. En la ley de Torcuato, las divisiones se pagan, como pudo comprobar la derecha española en las elecciones generales del 2019 (abril y noviembre) a las que acudió dividida en tres fracciones: Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ahora, la fragmentación afecta a la izquierda de la izquierda y el trompazo puede ser olímpico.
Una mayoría parlamentaria PP-Vox que alcanzase los 210 diputados podría aprobar reformas ordinarias de la Constitución
Vuelve Torcuato Fernández Miranda, figura señera de la transición. El gran protector de Adolfo Suárez acabó enfadado con su pupilo, por las concesiones de UCD a la izquierda en el debate constitucional. Torcuato, así le llamaban en Madrid, consideraba que Suárez cedía demasiado y que era inaceptable la inclusión del término “nacionalidades” en la Constitución. (“España está compuesta por nacionalidades y regiones”, dice el artículo 2). El día que la Constitución se votó en el Senado, Fernández Miranda, nombrado senador vitalicio por el Rey, no acudió a votar. “Se ha ido demasiado lejos”. Ésa era su opinión.
“Se ha ido demasiado lejos”. Ésa es una de las ideas hoy dominantes en buena parte de la derecha española. Apunten el siguiente dato. Una mayoría parlamentaria PP-Vox que alcanzase los 210 diputados (mayoría que hoy no aparece en los sondeos) podría aprobar reformas ordinarias de la Constitución. Esas reformas deberían someterse a referéndum si así lo pidiese el 10% del Congreso (35 diputados).
Una mayoría de 3/5 podría disponer de un arma política determinante: la posibilidad de reformar la Constitución emplazando a la oposición a tumbarles la iniciativa por vía refrendaría. Por ejemplo, podrían modificar el artículo 68 de la Constitución para abrir paso a una ley electoral sustantivamente modificada que, entre otras cosas, restase presencia parlamentaria a los partidos nacionalistas. Podrían efectuar todo tipo de modificaciones que pudiesen obtener respaldo popular. Cobertura mediática no faltaría.
En las próximas elecciones generales estará en juego toda una época.
