Yo hice la mili. No se alarmen, no voy a torturarles con las anécdotas de mi servicio militar. Pero déjenme confiarles un dato. En los 14 meses que estuve en el ejército, la escueta instrucción que recibí estuvo más centrada en enseñarme a desfilar que a combatir, además de a obedecer sin pestañear cualquier orden, por absurda que fuera (especialmente si era absurda). En todo ese tiempo solo participé en un ejercicio de simulación de combate. Se trataba del asalto a una posición situada en lo alto de una pequeña colina. Mientras mis compañeros y yo avanzábamos torpemente hacia el objetivo, tratando de encontrar parapetos para evitar el supuesto fuego enemigo, el sargento instructor iba siguiéndonos y cada vez que sorprendía a uno de nosotros en un error flagrante le apuntaba con los dedos simulando una pistola y exclamaba: “¡Pum! Estás muerto”. No quedó nadie. Tampoco hubo más lecciones. Eso fue todo.
El ejército español estaba integrado en aquella época -años 80- por unos 230.000 efectivos, la mayoría de ellos soldados de reemplazo con una formación similar a la mía. Aquel mediocre ejército de reclutas se acabó en 2001, con el fin del servicio militar obligatorio, y fue sustituido por uno cien por cien profesional. Hoy los integrantes de las fuerzas armadas apenas llegan a 120.000, pero tienen unas competencias infinitamente superiores. Si enfrentáramos al ejército que yo conocí con el actual -con los mismos medios- no cabe ninguna duda de cuál sería el vencedor.
Es oportuno subrayar esta evidencia en un momento en que varios países europeos se proponen restaurar el servicio militar, en el contexto del ambiente prebélico propagado a raíz de la guerra desatada por Rusia al invadir Ucrania en 2022. En la actualidad, una decena de países de la UE mantienen algún tipo de servicio militar obligatorio (sobre todo, los países bálticos y escandinavos), pero la lista va a ampliarse: Alemania anunció el 12 de diciembre -y el Bundestag aprobó ayer- el restablecimiento de un servicio militar voluntario y Francia hizo lo propio dos semanas después (eso sí, con remuneraciones radicalmente diferentes: 2.600 euros mensuales en el primer caso, 800 en el segundo). En Italia -un país no especialmente marcial- ha abierto el debate el ministro de Defensa, Guido Crosetto, mientras en España nadie ha osado hasta ahora plantearlo.
El problema de Europa no es de efectivos militares (1,5 millones entre todos los países) sino de descoordinación
Sobre el papel, todos estos movimientos se justifican con el objetivo de incrementar los efectivos militares para poder hacer frente a una potencial amenaza rusa. Pero no está tan claro que los ejércitos europeos vayan menguados de tropas. Con 1,5 millones de soldados -casi 2 millones si se suma Turquía, que es un país aliado de la OTAN-, los ejércitos nacionales europeos tienen un potencial equivalente, o ligeramente superior, al del ejército ruso, con 1,3 millones. El principal valor del retorno de la mili parecería más bien el de concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos de una guerra con Rusia (algo que el propio presidente ruso, Vladímir Putin, se dedica a alimentar regularmente)
El problema militar de Europa no es tanto de efectivos, ni de medios económicos y materiales, como de dispersión y falta de coordinación. Fuera de la OTAN -una alianza cada vez más en cuestión por la inhibición de Estados Unidos-, los países europeos van normalmente cada uno por su lado, no en vano la defensa es uno de los últimos reductos de la soberanía nacional y se resisten a cederlo. En ocasiones, los tics nacionalistas pueden llegar a poner en riesgo proyectos conjuntos importantes, como el del nuevo avión de combate europeo FCAS (Futur Combat Air System), impulsado por Alemania, Francia y España, en peligro por el choque entre el grupo francés Dassault y Airbus.
La Comisión Europea, que bajo la batuta de Ursula von der Leryen, muestra un notable activismo militar, ha puesto en marcha varias iniciativas para superar toda esta fragmentación y el despilfarro que supone. Desde el programa SAFE -dotado con 150.000 millones de euros en créditos-, que busca potenciar la adquisición y desarrollo conjunto de nuevo armamento, y al que se acaba de sumar Canadá, hasta el proyecto de crear una especie de zona Schengen militar, creando corredores especiales para, en caso de movilización, poder trasladar tropas rápidamente en tres días en el seno de la UE.
Pero ni el reforzamiento de las capacidades de defensa propias ni la restauración del servicio militar tendrán fuerza disuasoria suficiente si cae el primer bastión, esto es, Ucrania. Y aquí Europa está ante una encrucijada existencial. Con Donald Trump en la Casa Blanca, EE.UU. Ha abandonado a Ucrania a su suerte -cortando toda ayuda financiera- y empuja al gobierno de Kyiv a aceptar un acuerdo de paz ventajoso para Moscú. Lo que deja a los europeos solos con toda la responsabilidad.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski (derecha), junto al CEO del grupo francés Dassault, Eric Trappier, el lunes pasado en Cergy, cerca de París
Para seguir resistiendo, Ucrania necesita en los próximos dos años cerca de 140.000 millones de euros. Si no recibe nada, en abril puede no tener con qué mantener el esfuerzo de guerra. Las necesidades están perfectamente identificadas, pero después de varias semanas de discusiones, los europeos siguen sin ponerse de acuerdo en cómo pagar. La propuesta de la Comisión, respaldada activamente por Alemania, es utilizar los haberes rusos congelados en Europa como base para un préstamo a Kyiv -a cuenta de eventuales e inciertas reparaciones de guerra a pagar por Rusia en el futuro-, lo que parece sobre el papel una solución justa y económicamente indolora. Pero no es tan fácil.
La utilización de estos activos plantea importantes incertidumbres jurídicas -no en vano, se trataría de una confiscación de difícil encaje legal- y podría acabar teniendo efectos negativos sobre los mercados financieros. El país más afectado es Bélgica, pues es una entidad financiera belga, Euroclear, la que tiene en depósito la mayor parte de los activos rusos. Y el primer ministro belga, Bart De Wever, se ha mostrado determinado a imponer su veto si no se le ofrecen garantías de que el conjunto de la UE asumirá las responsabilidades jurídicas y económicas que puedan derivarse. Así llevamos semanas.
Para intentar salir del atolladero, Von der Leyen ha presentado esta semana una revisión de su plan que reduciría la exposición europea a 90.000 millones, canalizados a través de un préstamo que sería cubierto bien por los activos rusos, bien por un nuevo endeudamiento conjunto europeo (como los fondos Next Generation de la covid), o por ambos medios. Si fuera por la primera vía, Bruselas asegura que el reparto de responsabilidades -si hubiera lugar a ello- sería equitativo. El canciller alemán, Friedrich Merz, junto con la propia Von der Leyen, cenaban anoche con Bart de Weber para tratar de convencerle. La fecha límite para tomar una decisión es el Consejo Europeo del próximo 18 de diciembre.
La presidenta del BCE ha advertido que el banco no será garante de un crédito a Ucrania sobre la base de los activos rusos
Pero los belgas no son los únicos en poner objeciones. Están también los países prorrusos, como Hungría y Eslovaquia. Y otros que tienen dudas. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha advertido esta semana en el Europarlamento que el BCE no será el garante de último recurso en la operación diseñada por la Comisión, puesto que esto supondría violar los Tratados europeos, y advirtió del riesgo de que una medida de este tipo pudiera vulnerar la legislación internacional y afectar a la estabilidad financiera y la confianza en el euro. Lagarde sugirió como solución alternativa la emisión de eurobonos, algo que provoca alergia en Alemania y otros países de los llamados frugales.
Y hay otra oposición de peso: Estados Unidos. Los norteamericanos rechazan de plano que Europa se incaute del dinero ruso porque tiene otros planes para esos fondos. El plan de paz de 28 puntos presentado por Trump -y que Ucrania, con el apoyo europeo, trata de enmendar- prevé que 100.000 millones procedentes de los haberes rusos congelados serían invertidos en la reconstrucción de Ucrania tras la guerra en una operación rusoamericana en la que Washington se reserva el 50% de los beneficios.
Así las cosas, parece difícil que Europa pueda evitar rascarse el bolsillo. Necesitará hacerlo para ayudar a Ucrania, primera trinchera de defensa ante el neozarismo ruso. Para forzar a Rusia a hacer concesiones -cosa que por ahora no está dispuesta a hacer- y pactar un alto el fuego. Y para poder pesar en la mesa de negociaciones cara a un futuro acuerdo de paz.
El politólogo Grégoire Roos, director de los programas Europa, Rusia y Eurasia del think tank Chatham House, subrayaba esta semana que para los EE.UU. De Trump -que observa Europa con desdén y la considera un aliado poco fiable- solo cuenta quien pueda poner dinero sobre la mesa, e invitaba a los europeos a lanzar un nuevo mecanismo de financiación conjunta similar al Next Generation, con entre 300.000 y 400.000 millones de euros, para reforzar la capacidad de defensa y garantizar un apoyo a largo plazo a Ucrania. “Si Europa no logra aportar una financiación significativa, debería esperar un papel marginal, y no debería sorprenderse si se la deja al margen de las negociaciones”, advertía.
No solo eso. Si no hace el esfuerzo, y contribuye por su inacción a que Rusia se imponga en la guerra, se arriesga a que un día Putin llame a su puerta y, apuntando con los dos dedos, diga: “¡Pum! Estás muerto”.
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· Doble desconexión. El Consejo Europeo y el Parlamento Europeo han acordado cesar las importaciones de gas natural licuado (GLN) ruso para el 31 de diciembre del 2026 y del que llega en gasoducto para el 30 de septiembre del 2027, una medida que quiere extenderse al petróleo y que busca cortar definitivamente la dependencia energética de Rusia. En una iniciativa análoga, la Comisión presentó el miércoles su estrategia ReSourceEU, cuyo objetivo es reducir la dependencia exterior en el suministro de minerales críticos, actualmente en manos de China casi al 100%. La propuesta de Bruselas es crear un nuevo Centro Europeo de Materias Primas, que se encargaría de compras conjuntas -buscando nuevos proveedores-, y un programa para impulsar la inversión en proyectos estratégicos de extracción y refinado de metales y minerales básicos para la industria de defensa o la fabricación de baterías.
· Conmoción en Bruselas. Un viento helado atravesó las instituciones europeas este martes cuando se supo que la italiana Federica Mogherini, quien fuera responsable de política exterior de la UE entre 2014 y 2019 -cargo en el que le sucedieron Josep Borrell y, ahora, Kaja Kallas-, había sido detenida en el marco de una investigación por fraude y corrupción. La Fiscalía Europea sospecha que la licitación del proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación destinado a jóvenes diplomáticos de todos los países comunitarios, no fue limpia, sino que estuvo contaminada por favoritismo. El programa fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) al Colegio de Europa, dirigido por Mogherini, para el periodo 2021-2022. Imputada formalmente, la italiana dimitió de todos sus cargos el miércoles.
· Castigo para X. Bruselas decidió ayer penalizar con una multa de 120 millones de euros a la compañía de la red social X (ante, Twitter), propiedad del multimillonario Elon Musk, por violar la legislación europea sobre Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Es la primera sanción que se aplica bajo esta normativa, destinada a vigilar a las plataformas online y proteger a los usuarios europeos de contenidos ilícitos, ampliamente contestada por Estados Unidos. Washington, que interpreta interesadamente esta normativa como un ataque directo a las grandes tecnológicas norteamericanas, condicionó recientemente la rebaja de los aranceles sobre al acero y el aluminio (que están en el 50%) a una suavización de la reglamentación. El vicepresidente J.D. Vance la considera un ataque a la libertad de expresión.
