Las Claves
- La regularización de 800.000 personas mediante real decreto sin debate parlamentario supone una estafa democrática según el análisis de Funcas.
- El Gobierno utiliza esta medida como moneda de cambio política para asegurar el apoyo de Junts y Podemos en el Congreso.
- La falta de control fronterizo y el efecto llamada incentivan el crecimiento electoral de la extrema derecha en toda España.
- Aunque Cáritas defiende la regularización por humanidad, el proceso supone un agravio para los inmigrantes que
La regularización de casi 800.000 personas –de acuerdo con la solvente previsión de Funcas– constituye una estafa democrática. Un tema de semejante importancia no debería concluir sin una deliberación y el voto posterior en el Congreso. De las siete medidas extraordinarias de regularización, sumando la actual, esta representa la cuarta efectuada de manera subrepticia, mediante el real decreto y con un desplante a la labor parlamentaria. Dos ocurrieron con Felipe González, una con José Luis Rodríguez Zapatero y la presente con Pedro Sánchez. Que se haya repetido anteriormente no lo convierte en algo positivo, sino en un hecho más grave por su reincidencia.
Un concepto y su opuesto. Y es que ahora debemos precisar que tal regularización resulta fundamental. Hablamos de ciudadanos que ya habitan entre nosotros y a los que es preciso brindarles una alternativa, según ha subrayado primordialmente Cáritas, que comprende a la perfección lo que supone socorrer en contextos de precariedad total. Por otro lado, es llamativo notar cómo la izquierda utiliza a la Iglesia como referente de peso siempre que esta apoye al Gobierno, pero la ataca ferozmente en cuanto sostiene un punto de vista que discrepa de la versión oficial.
La gestión para normalizar la situación de cerca de 800.000 personas extranjeras constituye una estafa a la democracia.
Sin embargo, en la actividad política, las maneras y los pormenores tienen peso. Por tal razón, resulta complejo reconocer la virtud de una regularización con condiciones tan permisivas. Este asunto constituye igualmente un agravio para el colectivo de inmigrantes que han acatado la legislación para iniciar su trayectoria en este país.
Si, por añadidura, la disposición se emplea de forma estratégica –lo cual implica otorgar relevancia a Podemos aun cuando sus sufragios resultan prescindibles–, la cuestión adquiere un matiz de imprudencia. De este aspecto específico surgen dos efectos desastrosos.
Un niño migrante en El Hierro
La primera alude a transformar la entrada irregular de personas en una moneda de cambio del PSOE con el fin de reintegrar a Junts en el bloque de apoyo parlamentario. Los integrantes de Podemos ya han manifestado que se ha otorgado algo a cambio, si bien no pueden revelar con claridad el contenido. Se sospecha que ese compromiso podría ser el respaldo al traspaso de las facultades sobre inmigración a la Generalitat. Así, Junts dejará de ser considerado por los morados como una formación xenófoba, que fue la justificación que esgrimieron en el pasado para negar dicha transferencia.
El segundo efecto resulta más grave. Dado que tanto para Podemos como para Vox, cualquier asunto se convierte en lucha ideológica, el proceso de regularización ha llegado al debate social a través de una formación con escaso peso electoral, empleando un tono desafiante, fragmentador y de enfrentamiento. Una situación que, por otro lado, beneficia al Gobierno y que, debido a ello, decide fomentar.
En el trasfondo, el interés por indagar en las discrepancias del PP y elevar el tono de la disputa explotando la contestación de la extrema derecha. Consecuentemente el panorama varía: inmigración en vez de transporte ferroviario. El cierre del relato es incluso más imaginativo: en EE.UU. Se mata, en España regularizamos.
La cuestión más delicada del panorama político abordada como una trama de televisión, utilizando a la nación como escenario y a la población como audiencia forzada a reaccionar de forma sentimental. No obstante, es muy factible que la reacción resulte opuesta a lo que anticipan quienes nos gobiernan.
Ha comenzado la cuenta atrás para la regularización venidera. No para esta, sino para la siguiente. Al ineludible efecto llamada de tal medida se suma el incentivo que el propio Gobierno promueve cada día en cualquier foro donde interviene, recalcando la necesidad de mayor inmigración. Posiblemente sea este el único tema en el que las posturas de gran parte de las patronales y agrupaciones de empresas, el Gobierno, la izquierda y la extrema izquierda resultan coincidentes.
El Ejecutivo guarda silencio respecto a que España clausura la posibilidad de nuevos procesos de regularización a gran escala. No se menciona que los permisos de turismo constituyen la vía fundamental de acceso para la inmigración irregular. Existe una ausencia total de debate acerca de limitar la sencillez con la que se obtiene el empadronamiento justo tras aterrizar. Tampoco se alude a restringir las prestaciones esenciales cuando se opta por la vía ilícita para establecerse en España. Este proceso no viene escoltado, como sería preciso, por la advertencia de que se buscará una vigilancia fronteriza real y que su vulneración acarreará consecuencias.
¿Genera inquietud la extrema derecha? Sinceramente, no da esa impresión. De ser así, no se gestionaría con tal torpeza el asunto migratorio, que actúa como verdadera nitroglicerina electoral. Más bien se está incentivando su aumento masivo. Lo comprobaremos de nuevo muy pronto. Siguiente escala: Aragón.